El “ahorro” presupuestal, emprendido por el morenismo en 2020, para muchas instancias del gobierno federal las condena a ser instituciones inoperantes e inservibles. Esto no implica que las instituciones antes del lopezobradorismo funcionaran correctamente, no. Realmente el burocratismo es una manera ostensible de manifestar que los que conducen al Estado no tienen un compromiso con los más pobres -sector de la población que más necesita de la asistencia social-, lo más natural en sociedades donde impera la injusticia social es que los más ricos influyan de manera decisiva en política en favor de sus intereses. Es decir, los elegidos para gobernar simulan sus funciones o, de plano, las evaden, porque su interés real no es combatir las inequidades, sino mantener los privilegios de los más ricos. Aquí el reproche al morenismo estriba en su plataforma política: gobernar para los más pobres.
Un gobierno popular buscaría el fortalecimiento estatal, no su adelgazamiento. Dicho en otras palabras, para atender mejor las carencias de millones de mexicanos pobres, se buscaría fortalecer con recursos y alcances la influencia del Estado, no disminuirlo.
López Obrador dice que es austeridad, combate a la corrupción; los expertos aseguran que esta “loable” tarea no ha tenido resultados; ya no sólo por los escándalos de corrupción por parte de los integrantes de su gabinete, familiares y personajes cercanos al presidente, sino también en que más del 90 por ciento de las obras y servicios que adquiere el gobierno federal han pasado sin licitación pública, es decir, muchas han sido adjudicaciones directas, a empresas “amigas” (recuérdese: de ellas fue beneficiada la prima del presidente).
Aún más: el recorte presupuestal ha dejado incapacitados a los gobernadores; el castigo, desde luego, tiene tintes electoreros; dejar sin armas a los enemigos políticos del presidente. Lo más miserable es que los más afectados son los ciudadanos, que pocas veces se identifican con los partidos (incluido Morena) y que son ajenos a esas disputas electoreras.
Este manejo explica, también, porqué el presidente durante la pandemia se negó a apoyar con una canasta básica a los millones de desempleados por efectos de la cuarentena y el cierre de actividades económicas y, en cambio, se obstinó en asegurar el presupuesto para sus obras faraónicas, como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. Eso lo denunció en septiembre el Foro Monetario Internacional: “México es la segunda nación de los miembros del G20 que menos ha invertido en programas fiscales para mitigar el impacto de la pandemia”.
En el mismo sentido, la Organización Internacional del Trabajo, en septiembre denunció en un informe: “México es el único país de América Latina donde no se han implementado políticas públicas para sostener el empleo perdido por la pandemia de covid-19”. Dicho en pocas palabras, los más humildes no cuentan, ni en los peores momentos, con el Gobierno federal. Irónicamente, el discurso morenista se empeña en convencernos de lo contrario; de ahí el bombardeo matutino del titular del ejecutivo.
Esta palabrería también es moneda corriente en San Luis Potosí: la gestión de Alejandro Leal Tovías, al frente de la Secretaría General de Gobierno, va por el mismo derrotero. Desde siempre, mantiene una política de diálogo respetuoso, pero que no se traduce en hechos.
La tolerancia y la receptividad a las peticiones ciudadanas son necesarias, pero no suficientes; si se mantiene como única garantía, sin el respaldo de resultados, se convierte en franca tomadura de pelo. Resulta innecesario a estas alturas repetir que las demandas del Movimiento Antorchista en SLP están plenamente justificadas; así lo respaldan los trámites que nos han solicitado y que hemos cumplido cabalmente.
Pero estos laberintos burocráticos han conducido a la nada. Terminó el año 2020 y hemos avanzado poco o nada, a pesar de la palabra empeñada y respaldada por firmas. No hay apoyo al campo, la realización de caminos en varios municipios se encuentra detenida. La regularización de colonias para que puedan contar con servicios básicos simplemente no avanza. No se comprometen a gestionar más escuelas ni a pagar maestros en funciones. Evaden la responsabilidad de asistir a los pobladores de la Huasteca que, hoy por la pandemia, sufren hambre.
La dupla Gama Basarte y Leal Tovías deben evitar plegarse a esa política de la 4T. Por el contrario, deben ir en dirección opuesta, colaborar para volver cierta la política de combate a la pobreza profesada por el Goberador Carreras.
No pueden generar el malentendido de que ese excesivo burocratismo sea identificado como una triquiñuela para manipular el presupuesto de la obra pública a conveniencia electoral. Un Estado con una auténtica orientación social significa menos pobreza y más desarrollo. Y en esto, señor Gobernador, el antorchismo no sólo no será un obstáculo, sino que seremos colaboradores como ya lo hemos demostrado fehacientemente por varios años.
