- ¿Cuáles serán los criterios que predominen para vacunar a la población?
Esto era algo que ya se esperaba dada la dinámica de la actual administración pública Federal: en plena pandemia, los apoyos económicos que se brindaron para paliar la crisis se dieron preferentemente a la población registrada en los padrones de beneficiarios de los programas asistenciales del gobierno, tanto federal, como en la capital del país; a los demás, sólo fue a cuentagotas y después de librar muchos escollos burocráticos.
Ahora, cuando las primeras remesas de vacunas contra el Covid-19 lleguen, la pregunta surge de inmediato: ¿cuáles serán los criterios que predominen para vacunar a la población?
Se habla de que, en primera instancia, será el personal del Ejército y la Marina, así como trabajadores de la salud.
Pero además, claro está, de funcionarios y allegados al poder y sus familias; el grueso de la población, incluso los sectores más vulnerables, la recibirán si bien les va en el segundo semestre del próximo año, aunque como hay elecciones el 6 de junio, igual se aplican antes para vacunar al mayor número de mexicanos.
Lo cierto es que al desconocer el monto de la partida presupuestal para cubrir la compra de millones de vacunas, pues al menos se debería saber cuáles son los criterios que se utilizarán para seleccionar a los primeros beneficiarios, en qué entidades, edades, nivel socioeconómico, etcétera.
Uno se pregunta si primero se mandarán a los estados de la república que están afiliados al Insabi o aquellos que gobierna Morena o si de plano se aplicará un criterio netamente político, por lo que los gobernadores que osaron salirse de las filas de la Conago, no tendrán la anhelada vacuna tan rápido como sus pares que han mostrado ser más institucionales.
Lo grave es que en los hospitales privados tampoco habrá la vacuna, toda vez que será el gobierno quien la distribuya. Es decir, habrá auténtico monopolio en cuanto a la de la vacuna.
Y, si alguien osa comprarla por su cuenta, corren el riesgo de que la Cofepris niegue la autorización y sancione al vendedor. Esto nos recuerda a los países con un gobierno totalitario en donde se concentraba todo el poder.
Y es cierto porque estamos en el peor de los mundos ya que mientras en otros países, como Rusia, India, China, Reino Unido y Estados Unidos se empezará inmunizar a la población en los próximos días, en México se desconoce siquiera cuántas vacunas se comprarán, a qué laboratorios, los montos y si está garantizado que en el mediano plazo se inmunice a todos los mexicanos que la necesiten.
Si observamos que otras vacunas como la influenza y varias del cuadro básico de inoculación para niños escasean, pues qué se podrá esperar de la vacuna del Coronavirus.
Es menester que el Poder Legislativo, si es que todavía tienen un poquito de vergüenza, conmine a la brevedad al Ejecutivo para que mantenga informada a la población sobre la vacuna, ya que si dejamos que prevalezcan los criterios políticos con los que se quiere aplicar, pues estamos muy mal.
El mismo Poder Judicial ha protegido a los quejosos que buscan amparos contra el gobierno por la falta de medicamentos y vacunas.
Por lo tanto, debe estar atento para proteger a la sociedad en caso de que se distribuya y se aplique la vacuna bajo consideraciones de otro tipo que no sean de vulnerabilidad.
Vienen tiempos difíciles en México por las elecciones intermedias y no hay duda, que todos van a pretender sacar raja política del reparto de la vacuna contra el Covid-19, y esto representa incluso un crimen de lesa humanidad.
La vacuna no debería aplicarse en el contexto del proceso electoral ni a cambio del voto como es común negociar todo con los más pobres. México está en el pico de los contagios por Covid 19 Y se están muriendo los más pobres y viejos.
La infraestructura hospitalaria pública y privada esté al tope y bajo una prospectiva de que habrá más enfermos y muertes en las próximas semanas.
Por ello, el gobierno de López Obrador, debe tener como prioridad máxima la atención de la pandemia y la distribución de la vacuna bajo criterios de salud pública y protección a los sectores de la población más vulnerables. Apartado de condiciones electorales.