Juan José Frías Aguilera, integrante de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí Postulantes Especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad, alertó que es ilegal y constituye un delito de fraude darle finiquito a Jorge Ovidio Robledo Gómez, luego de que un tribunal federal dejará sin efecto su nombramiento al frente de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior del Estado.
Por ello, el abogado entregó a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado una denuncia y una solicitud para que se finquen responsabilidades por la negligencia que cometió la anterior comisión que eligió a este personaje, pero además para que obligue a que Jorge Ovidio Robledo Gómez a que asuma los daños morales y económicos ocasionados al patrimonio de los potosinos.
“Estoy exigiendo la devolución total e inmediata de las percepciones obtenidas por el titular de dicha Unidad de Evaluación y Control, aplicar las sanciones por el daño moral ocasionado a los servidores públicos que intervinieron en su momento como miembros de la Comisión de Vigilancia quienes aprobaron la legalidad del proceso de selección del citado funcionario, ya que todos los actos ejecutados por éste, como consecuencia de su nombramiento ilegal, son nulos de pleno derecho”, dijo.
Asimismo, considero apremiante que se lleven a cabo los procedimientos necesarios ante las instancias competentes por los probables delitos cometidos, por actos de corrupción derivados del proceso anulado por la instancia federal, tal y como lo dispone la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí, y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
El abogado potosino, lamenta que se esté considerando entregarle un finiquito al funcionario destituido, pues sería como premiar la impunidad, toda vez que lo quitaron del cargo por un acto ilegal consumado -viciado desde el inicio de su elección- “al contrario, él debe resarcir el cobro de lo indebido porque fue electo de una manera ilegal, tiene que regresar sus percepciones, prestaciones y bonos; pero además se tienen que resolver todos los asuntos que aprobó en su encargo porque con esta resolución federal, entonces queda como evidente que todo lo que firmó es nulo y carente de validez, ahí también hay un mal manejo por parte de la Auditoría Superior del Estado, ASE”.
Finalmente hizo una solicitud pública de información sobre las percepciones del encargado de la UEC y de su equipo de trabajo, ya que en la ASE, han sido renuentes a otorgar los datos que fundamentan parte de esta denuncia.
