Con el fin de que se atiendan los casos de hostigamiento y acoso sexual al interior de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), y hasta en el propio Congreso del Estado, la Comisión de Justicia aprobó que los servidores públicos y docentes que cometan estos delitos sean inhabilitados.
Esto, luego de que se aprobará por unanimidad una reforma al artículo 182 del Código Penal de San Luis Potosí, para que se impongan la sanción de inhabilitación a los servidores públicos y docentes que comentan hostigamiento y acoso sexual, y estos delitos serán perseguidos de oficio.
La diputada Paola Arreola Nieto se pronunció a favor de la reforma al considerarla muy importante, “es la forma en que poco a poco podemos generar esta seguridad que pueden tener las mujeres e incluso los hombres, y que se aplique porque en el Congreso tenemos a un diputado acusado de este tipo de situaciones, entonces hay que proceder”.
Lo anterior, por las denuncias contra el diputado Mario Larraga Delgado por acoso sexual y hostigamiento a una asistente, y el rumor de que también había acosado sexualmente a Paola Arreola, quien en su momento prefirió no dar declaraciones el respecto.
Por su parte, el diputado Edgardo Hernández Contreras señaló que estaba a favor de la reforma para que se pudiera inhabilitar a los catedráticos de la UASLP que acosan a las alumnas, como es el caso de la Facultad de Derecho, Ingeniería y muchas otras.
Al respecto la diputada, Beatriz Benavente Rodríguez dijo que esta iniciativa es viable para evitar casos de discriminación como el de la catedrática Elvia Castañón que le dijo a un estudiante que estaba en un lugar indigno, al tomar clases en un ciber al no tener internet en su casa.
La iniciativa fue presentada por el diputado Cándido Ochoa Rojas, para que se proceda contra estas conductas de forma penal, puesto que trasgreden el artículo primero de la Constitución y atentan contra la libertad y seguridad sexual. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado en su opinión a cargo del magistrado Carlos Alejandro Robledo Zapata manifestó que es favorable la reforma y ya hay varios estados donde se tiene este delito que se puede perseguir de oficio para garantizar a las personas una vida libre de violencia en las dependencias públicas y el respeto a los derechos humanos.
