Como resultado de la denuncia penal que presentada en 2019 ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción, contra varios ex funcionarios municipales de Ciudad del Maíz, la Juez Ana Laura Castellón Stringel determinó la vinculación a proceso de Juan Antonio Gómez Páramo, ex alcalde; Alejandro Noé Figueroa, quien fungió como tesorero, y Rodolfo Rucoba García, ex coordinador de Desarrollo Social y el ex secretario general, José Ferrioli Elizalde, todos ellos, activos durante la administración 2015-2018.
De acuerdo con los resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2017 de Ciudad del Maíz, los hoy ex funcionarios, en complicidad con particulares, habrían cometido los delitos de peculado y fraude por un monto cercano a los 6 millones de pesos. La denuncia fue presentada por el órgano fiscalizador luego de detectar que un grupo de obras públicas -en su momento reportadas como concluidas y pagadas-, no se llevaron a cabo o bien, no lograron concluirse; hechos que configuran el desvío de recursos públicos.
La decisión de ejecutar la vinculación a proceso de los acusados, se registró este miércoles en un juzgado con sede en Rioverde, después de un largo procedimiento que en diversas ocasiones se pospuso debido a la contingencia sanitaria por Covid-19.
Asimismo, la Auditoría Superior del Estado reconoce la labor de la Fiscalía Anticorrupción y se pronuncia por el trabajo conjunto de las instituciones, para lograr mejores resultados en la ejecución de sanciones contra funcionarios públicos y otras personas que menoscaben el patrimonio de los potosinos.
De este modo, espera que a la brevedad puedan concluirse procedimientos similares en otros municipios de la entidad potosina.
Finalmente, la titular del organismo fiscalizador, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, hace un llamado a los particulares que fungen como proveedores de los entes fiscalizables, para que se abstengan de participar en situaciones que tengan la intención de desviar los recursos públicos que esencialmente deberían ser utilizados para el beneficio de la sociedad, ya que ahora, a diferencia de años anteriores, las personas físicas y morales también son sujetas de investigaciones y denuncias con consecuencias en materia penal.
