Los hechos se registraron la noche del lunes. Ese día, peleron dos internas del área maternal. La más golpeada denunció que su compañera tenía un teléfono celular. Una custodia pidió el aparato y amenazó con quitarle a su hijo si no lo hacía.
Otras internas en esa área intentaron evitar el retiro del pequeño y llegaron más custodias. Ocho mujeres y sus hijos fueron trasladadas a las celdas de castigo. Según versiones de las internas, fueron golpeadas frente a sus hijos por elementos del Grupo Táctico y autoridades penitenciarias encapuchadas.
Ingresa la Dirección General, ingresa Derechos Humanos, ingresa unas agrupaciones civiles y se toman declaraciones, se toman declaraciones a 30 personas femeninas, y las 30 coinciden que fueron previamente golpeadas y amenazadas si declaraban en contra de la directora para ser trasladadas a un Centro Penitenciario Federal, entonces 30 declaraciones, las evidencia de las lesiones, contra la versión de la directora pues tenemos toda la certeza de que fue como lo cuentan”, aseguró el litigante.
Tras las denuncias, las internas agredidas exigen que la entonces directora del penal, Olga Viveros Bravo sea puesta a disposición de las autoridades…
Tomando como base 30 declaraciones imputativas, tenemos que si hay delito, abuso de autoridad por parte de la directora, omisión por parte de la encargada del sector femenil y por consecuencia también del jefe de seguridad, sí hay delito, el que a ella la hayan separado del cargo pues no exime el delito. Está todo configurado a una determinación de delitos, en mi opinión si debió haber sido puesta a disposición en forma inmediata”, agregó.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició de oficio una investigación por los hechos registrados en el penal. Además, supervisaron la atención médica que recibieron las internas.
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No tenía por qué haber golpeado… no tenemos un sistema real en forma penitenciaria de seguridad»
Además, afirma que existen diferentes irregularidades en el penal durante la gestión de Viveros Bravo, entre ellas, que no contaba con la certificación requerida en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública…
Pues que está haciendo una usurpación de función pública, la ley establece tres años para certificarse pero también nos establece dos años, nueve meses para iniciar dicha certificación, pasan dos años, nueve meses y dicha servidora pública no se había certificado, la ley nos lo determina y nos determina sanciones”, consideró.