Alarma a la CEDH que quejas contra policías municipales vaya a la alza

  • Las denuncias son por violaciones a la integridad, seguridad personal, certeza jurídica porque se traducen a posibles detenciones arbitrarias y maltrato físico durante las mismas.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jorge Andrés López Espinoza reveló que es alarmante que las quejas contra las policías municipales vayan al alza, las cuales regularmente son por detenciones arbitrarias.

Indicó que el 2019 cerró con la policía municipal de Matehuala encabezando la lista de quejas pese a tener menos elementos que las corporaciones como la estatal, de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez donde hay mayor población y en lo que va de este 2020, la policía municipal de Ciudad Valles encabeza la lista.

En este año la Dirección General de Seguridad Pública de Ciudad Valles tiene 15 quejas, la de Matehuala, 11; la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, 11; la de Soledad, 3; Ciudad Fernández, 3; la de San Luis Potosí y la Dirección General de Métodos de Investigación, dos cada una y con uno las policías de Salinas, San Ciro de Acosta, Tampacán, Vanegas y Zaragoza.

López Espinoza reconoció que esta situación es alarmante, sobre todo, porque en años pasados perdió la vida un joven en la barandilla municipal de Ciudad Valles, y no tienen conocimiento si ya se nombró a un juez calificador.

“Una barandilla sin un juez calificador es una violación sistemática de los derechos de las personas que llegan a ser detenido por alguna falta al bando de policía y buen gobierno, ya se generaron nuevamente las medidas cautelares dirigidas al Ayuntamiento de Ciudad Valles, supimos que hubo una respuesta favorable por el secretario, pero estamos a la espera de los nombramientos de los jueces calificadores porque es un elemento fundamental para garantizar la seguridad y certeza jurídica de los detenidos”, dijo.

El presidente de la CEDH manifestó que estas quejas son por violaciones a la integridad, seguridad personal, certeza jurídica porque se traducen a posibles detenciones arbitrarias y maltrato físico durante las mismas.