- Señala que con esta reforma buscarían incriminar los ciudadanos que quieran manifestarse de forma pacífica.
El vocero de la organización Cambio por San Luis, Michel Hernández Piña se pronunció en contra de la iniciativa de la diputada Alejandra Valdés Martínez que busca sancionar con motín las manifestaciones violentas, al señalar que con esta reforma buscarían incriminar los ciudadanos que quieran manifestarse de forma pacífica.
Lo anterior, debido a que la diputada por Morena, Alejandra Valdés Martínez presentó una iniciativa para reformar el artículo 271 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el fin de sancionar hasta con seis años de prisión por delito de ‘motín’ a quien patrocine a través de protestas o manifestaciones violentas la destrucción de bienes que son propiedad del patrimonio del pueblo potosino.
“Ella quiere aumentar los años de cárcel para delitos como motín, y esto puede tender a una criminalización de la protesta social y que en lugar de que se enfocaran sus miras a elevar las sanciones a políticos corruptos, al desvío de recursos, a todo el lavado que ha habido en el Congreso, a todo el cochinero que han hecho, y en lugar de endurecer esas medidas y que realmente no haya impunidad, se quieren ir contra las organizaciones sociales, ese no es el camino”, dijo el activista Michel Hernández.
Expuso que le hacen un llamado a la diputada Alejandra Valdés para que reconsidere esta iniciativa, porque “no es posible que se le ocurra realizar esta propuesta que no tiene ningún sustento”, ya que las organizaciones sociales solo hemos llamado pacíficamente a manifestarnos ante los atropellos y arbitrariedades del Congreso y dirán que es un motín.
Añadió que con este buscaran criminalizarlos y violentar los derechos de libre de manifestación que está establecida desde la constitución, por lo que rechazan dicha iniciativa y hacen un llamado a que no se apruebe.
Hernández Piña dijo que mejor deberían incrementar las sanciones para el desvió de recursos por parte de funcionarios como son los diputados, quienes por años han utilizado empresas fantasmas para quedarse con el recurso de los potosinos.