El órgano de control de la policía de Hong Kong eximió ayer a las fuerzas de seguridad de cualquier falta en su respuesta durante las manifestaciones en 2019, concluyendo que la ira de la población contra los agentes fue el resultado de una campaña de calumnia en las redes sociales.
El informe de mil páginas del Consejo Independiente de Denuncias contra la Policía (IPCC) no será del agrado del movimiento prodemocracia, que pide una investigación independiente sobre los actos generalizados de brutalidad policial.
De junio a diciembre, Hong Kong atravesó su peor crisis política desde 1997, con manifestaciones diarias para denunciar la injerencia de China. Los disturbios dejaron al menos cuatro muertos y más de cinco mil detenidos.
Esta movilización degeneró en violentos enfrentamientos entre radicales, armados con ladrillos y bombas molotov, y policías antidisturbios, equipados con gases lacrimógenos y balas de goma.
Muchas organizaciones de derechos humanos de Hong Kong y de otros países acusan a la policía de uso excesivo de la fuerza.
Pero en su informe, el IPCC dispensa a las fuerzas de seguridad afirmando que las acusaciones de brutalidad policial se convirtieron en “un arma política” y argumentan que la policía no es responsable del resentimiento del que es objeto por parte de la población.
Al calificar la acción de la policía de brutalidad, los manifestantes parecen ignorar su propia violencia, sus actos de vandalismo”, añaden.
El legislador opositor Kenneth Leung, exintegrante del IPCC, afirmó que “muchas de estas recomendaciones son incompletas, superficiales y generales”.
El reporte hizo caso omiso a la desproporcionada brutalidad policial”, añadió el legislador Fernando Cheung.