- La caída en la economía y el desempleo traerá como consecuencia un incremento en la delincuencia.
Analizando con seriedad el futuro a corto y mediano plazo de nuestro país se puede con angustia predecir una auténtica catástrofe nacional en diferentes órdenes, unos concatenados con otros: la caída en la economía, el desempleo que traerá como consecuencia un incremento en la delincuencia.
La falta de empleos formales traerá consigo una carencia de servicios sociales como vivienda, salud y pensiones para los trabajadores y sus familias.
La crisis económica que se avecina ocasionará bajos salarios y por lo tanto muy pocas oportunidades de ahorro.
¿Y qué va a hacer el gobierno federal con el millón 200 mil personas que este año van a tocar las puertas del mercado laboral porque llegaron a edad de trabajar?
Si no hay crecimiento de la economía, no hay nuevas fuentes de empleo.
Y por lo tanto tampoco habrá recursos suficientes para programas sociales.
El Presidente de la República pide no darle importancia a la caída del PIB que este año será cuando menos del ocho por ciento, aunque puede ser del diez o más.
Cada punto que cae el PIB implica la pérdida de 200 mil empleos formales. Tal vez el presidente cree que con sus programas sociales va a solucionar esa crisis. Pero se equivoca. Los cerca de dos millones de personas que quedarán sin trabajo (o sea familias sin ingresos) no están en el padrón de apoyos porque, precisamente, tenían empleo y hoy se quedan sin nada.
Totalmente ajeno a la realidad, nuestro Presidente y sus asesores van a inyectar dinero, pero no a la recuperación económica, sino a Pemex, que en 15 meses de su gobierno perdió 900 mil millones de pesos. Que es una cantidad fantástica si se compara con lo que reciben cada uno de los municipios más pobres.
Por cada barril producido se están perdiendo entre 12 y 13 dólares.
Ajeno a la realidad, López Obrador nos pide que nos olvidemos de lo material y nos concentremos en lo espiritual. Por favor. Él no fue elegido pastor, sino Presidente de la República, y su obligación es mejorar el bienestar material y dar seguridad personal y patrimonial a la ciudadanía.
Por consulta popular clausura inversiones como sucedió en Baja California, por decreto baja sueldos y quita aguinaldos a los trabajadores del sector Federal a pesar de que esto sea una flagrante violación a la ley Federal del trabajo, y con una iniciativa pretende violar la Constitución que le permitiría manejar el Presupuesto a su antojo y conveniencia.
Todo esto y más que está sucediendo con forma un panorama no incierto del futuro sino totalmente cierto y es el de una catástrofe nacional de la que difícilmente habremos de salir.
Parte de esta catástrofe nacional es la polarización que se ha hecho de la población entre ricos y pobres, entre trabajadores y patrones.