Austeridad pandémica

  • Excesivo gasto de 7 mil 239 4 mdp en la Presidencia de la República a cargo de Enrique Peña Nieto en el ejercicio fiscal de 2017-2018, mientras en la presente administración fue de 149.3 mdp en 2020.

La malísima administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se demuestra y comprueba con el resultado del mayor déficit fiscal acumulado en la historia de nuestro país: -10 billones 408 mil 771.2 millones de pesos, se caracterizó por la excesiva corrupción con los grandes derroches y graves excesos del ejercicio y mala orientación del gasto público, siendo importante resaltar la reducción del gasto para el desmantelamiento del sector hidrocarburos de la empresa productiva del estado de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y del sector eléctrico de la empresa productiva del estado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que no fueron atendidas para impulsar su rentabilidad e industrialización.
Los ingresos previstos en el segundo año de la presente administración pública federal ascenderán a 6 billones 107 mil 732.4 millones de pesos, lo que significa una recaudación promedio de 16 mil 733.51 millones de pesos diarios, misma que será la mayor en la historia de las finanzas públicas en nuestro país.
La Pandemia del Coronavirus (COVID-19) rebasó 3.9 millones habitantes contagiados en 217 países del mundo que colapsaron sus sistemas de recaudación, mientras que en México los ingresos públicos federales ascendieron a 1 billón 462 mil 899.4 millones de pesos que equivalen a 16 mil 075.82 millones de pesos diarios con un crecimiento anualizado del 9.2 por ciento al cierre del primer trimestre del 2020, obteniendo la actual administración pública federal una calificación de 96.07 puntos por su eficiencia y eficacia recaudatoria trimestral.
La estructura de participación de Ingresos Públicos No petroleros que ascendieron a 1 billón 327 mil 828.7 millones de pesos con un crecimiento del 15 por ciento y concentran el 90.77 por ciento, mientras que los ingresos petroleros fueron del orden de 135 mil 070.7 millones de pesos que equivalen al 9.23 por ciento, con lo cual se demuestra y comprueba plenamente la despetrolización de la economía en México.
El incremento de los ingresos federales y la reducción de los gastos, dieron como resultado un balance total superavitario de 26 mil 099.7 millones de pesos en la situación financiera del gobierno federal en el primer trimestre del año y la prospectiva de austeridad es del orden de 60 mil millones de pesos al cierre del 2020.
En los resultados obtenidos en la presente investigación especial, se demuestra y comprueba un excesivo gasto público de 7 mil 239.4 millones de pesos en el Ramo Administrativo de la Presidencia de la República a cargo de Enrique Peña Nieto en el ejercicio fiscal del 2017-2018, mientras en la presente administración pública federal el balance presupuestario del gasto real fue de tan solo 149.3 millones de pesos en el primer trimestre del 2020.
Es importante destacar que se lograron reducciones de gasto público porcentuales importantes por austeridad en las siguientes oficinas de las Secretarias de Hacienda y Crédito Público -12.7, Agricultura y Desarrollo Rural -16.9, Economía -25.9, Marina -10.8, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano -30.5, Seguridad Pública y Protección Ciudadana -4.1, Comisión Reguladora de Energía -4.6 y -15.0 Comisión Nacional de Hidrocarburos, revirtiendo el creciente déficit del pasado sexenio a superávit en los primeros tres meses del año en la actual administración pública federal.
Las remesas familiares en la actual administración federal ascendieron a 9 mil 293.20 millones de dólares que equivalen a 102.12 millones de dólares diariamente con un crecimiento mensual de dos dígitos 49.6 por ciento y anualizado 18.4 por ciento durante el primer trimestre del 2020.
La reactivación económica y social de México se encuentra orientada a beneficiar 88.9 millones de mexicanos en 25 millones de hogares y crear 2 millones de nuevos empleos, misma que se lleva a cabo mediante el Programa Emergente para el Bienestar y el Empleo, y el Decálogo Financiero que cuentan con una cuantiosa derrama de recursos federales y financieros por 2 billones 815 mil 256 millones de pesos equivalente a 11.26 por ciento de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el ejercicio fiscal del 2020.
El Programa Emergente para el Bienestar y el Empleo se inició de inmediato con la orientación a las empresas formales e informales al destinar el mayor monto por 622 mil 565 millones de pesos en beneficio de la totalidad de micros, pequeñas y medianas empresas formales e informales, destacando los apoyos federales para 1 millón de empresarios formales que son solidarios con sus trabajadores, 1 millón para los informales y 1 millón para trabajadores en construcción de viviendas que reactivan la mano de obra local.
Los recursos federales y financieros se orientan a la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, se fomente el crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, lo que permitirá el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.
La estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para generar condiciones favorables en la reactivación económica y social se realiza sin aumentar ni crear nuevos impuestos, cero endeudamientos externos, incremento de la base de contribuyentes, reducción de gastos innecesarios y estricta austeridad del gobierno federal.
Las amenazas de la pandemia se han convertido en fortalezas al obtener resultados que demuestran y comprueban la adecuada y correcta aplicación de la política de austeridad en las finanzas públicas federales; y las debilidades heredadas de la pasada administración en oportunidades para la mayor atención en la emergencia sanitaria y la inmediata reactivación económica por parte de las Oficinas de la Presidencia de la República y dependencias de la administración pública centralizada, cuyo informe del período enero-marzo del 2020 en el actual gobierno federal, se encuentra a disposición del Congreso de la Unión para dar cumplimiento a los diversos preceptos establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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