La malísima administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se demuestra y comprueba con el resultado del mayor déficit fiscal acumulado en la historia de nuestro país: -10 billones 408 mil 771.2 millones de pesos, se caracterizó por la excesiva corrupción con los grandes derroches y graves excesos del ejercicio y mala orientación del gasto público, siendo importante resaltar la reducción del gasto para el desmantelamiento del sector hidrocarburos de la empresa productiva del estado de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y del sector eléctrico de la empresa productiva del estado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que no fueron atendidas para impulsar su rentabilidad e industrialización.
Los ingresos previstos en el segundo año de la presente administración pública federal ascenderán a 6 billones 107 mil 732.4 millones de pesos, lo que significa una recaudación promedio de 16 mil 733.51 millones de pesos diarios, misma que será la mayor en la historia de las finanzas públicas en nuestro país.
La Pandemia del Coronavirus (COVID-19) rebasó el primer millón de habitantes contagiados en 207 países del mundo que colapsaron sus sistemas de recaudación, mientras que en México se logró un ingreso público de 935 mil 249.4 millones de pesos con un incremento del 6.0 por ciento que demuestran y comprueban plenamente la destacada, fraternal y ejemplar apoyo de 78 millones 099 mil 153 contribuyentes que se encuentran ubicados en todo el territorio nacional y se continua aplicando la austeridad en el gasto público federal.
En México se han incrementado 77.3 por ciento los ingresos no tributarios y 5.1 por ciento los tributarios, mientras que aumentaron 25.0 por ciento los ingresos de la venta de bienes y servicios proporcionados por la empresa petrolera productiva del estado, destacando el incremento del 15.4 por ciento en el impuesto al consumo o Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 8.1 por ciento en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) que representan la ejemplar aportación de los contribuyentes mexicanos para cubrir el período de la emergencia sanitaria.
El incremento de los ingresos federales y la reducción de los gastos, dieron como resultado un balance primario superavitario del sector público federal de 96 mil 302.3 millones de pesos y balance público positivo de 103 mil 615.2 millones de pesos que excluye la inversión física del Gobierno Federal y de las Empresas Productivas del Estado hasta por un monto equivalente a 2.0 por ciento del Producto Interno Bruto, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación en los doce meses del 2020.
Es importante destacar que los resultados de ingresos y gastos, se puede cuantificar y valorar el monto de la reducción de la corrupción exclusivamente del presupuesto público que ascendía a un valor económico anual de -670 mil 268.66 millones de pesos al cierre del 31 de diciembre del 2019, sin considerar los resultados de la lucha contra el robo de combustible, sobreprecios de medicinas en las compras del sector público, megadevoluciones y condonaciones fiscales, usufructo particular de bienes decomisados y confiscados, transferencias de reserva internacional a bancos extranjeros y cuentas personales, otorgamiento de concesiones mineras y explotación de recursos naturales, utilización inadecuada del fondo de ahorro de los trabajadores, contratación y venta de bienes públicos, entrega discrecional de recursos públicos a personas físicas y morales de medios de comunicación, entre muchos otros.
En los resultados obtenidos en la presente investigación especial, se muestra un excesivo gasto público de 7 mil 239.4 millones de pesos en el Ramo Administrativo de la Presidencia de la República a cargo de Enrique Peña Nieto en el ejercicio fiscal del 2017-2018, mientras en la presente administración pública federal el balance presupuestario del gasto real fue de tan solo 106.4 millones de pesos en los primeros dos meses del 2020.
Es importante destacar que se logrando reducciones porcentuales importantes en las siguientes oficinas de las Secretarias de Gobernación -5.3, Hacienda y Crédito Público -9.6, Agricultura y Desarrollo Rural -21.5, Economía -32.1, Marina -22.5, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano -0.9, Seguridad Pública y Protección Ciudadana -21.3, Tribunales Agrarios -2.7, Comisión Reguladora de Energía -13.6, Comisión Nacional de Hidrocarburos -31.4, Empresas Productivas del Estado de Petróleos Mexicanos -4.2 y Comisión Federal de Electricidad -41.0, revirtiendo el creciente déficit del pasado sexenio a superávit en los primeros 60 días del año en la actual administración pública federal.
La fórmula que se aplica para remontar la actual crisis transitoria es la siguiente para la reactivación económica = + mayor inversión pública para el desarrollo económico y social + empleo pleno + honestidad + austeridad republicana – lujos – ostentaciones – corrupción.
Con las medidas inmediatas se bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos y eliminarán los aguinaldos desde el cargo de subdirectores hasta el del Presidente de la República; se reducirán los gastos de publicidad del gobierno; se reducirá la partida de viáticos, los gastos de operación y se ahorrará más en compras a proveedores y en los costos de las obras públicas que se contratan con empresas constructoras o de servicios.
Los resultados de mi prospectiva al aplicar la fórmula simplificada es de 339 mil millones de pesos de inversión pública y privada + 558 mil 700 millones de pesos de apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas = 927 mil 700 millones de pesos para la reactivación economica que equivalen a 3.69 de crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) para el ejercicio fiscal del 2020.
Las amenazas de la pandemia se han convertido en fortalezas al obtener resultados que demuestran y comprueban la adecuada y correcta aplicación de la política de austeridad en las finanzas públicas y las debilidades heredadas de la pasada administración en oportunidades para mejorar y ampliar la atención en la emergencia sanitaria por parte de las Oficinas de la Presidencia de la República, dependencias de la administración pública centralizada y ramos generales, cuyo informe del período enero-marzo del 2020 en el actual gobierno federal, se encuentra a disposición del Congreso de la Unión para dar cumplimiento a los diversos preceptos establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
