Chile cumple este miércoles 60 días desde el inicio de su inédito estallido social con la mirada puesta en la forma en que encauzar el descontento sobre su modelo económico y temores de que vuelva a resurgir la violencia.
Las protestas estallaron el 18 de octubre por el alza de la tarifa del metro pero después derivaron en un extendido reclamo por las desigualdades del modelo económico y político heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
«Esta protesta social se convirtió en una gran oportunidad para construir un nuevo futuro para Chile», resaltó el presidente derechista Sebastián Piñera en una columna de opinión publicada este miércoles en el diario The New York Times.
Piñera, cuya popularidad se desplomó a mínimos de 10%, consideró las manifestaciones como «la expresión legítima de una democracia viva y vital, que nos dio la oportunidad de conectarnos mejor con nuestros ciudadanos y liderar una transición hacia una sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades». Pero después de dos meses en que su gobierno debió cambiar por completo su agenda, hay más incertidumbres que certezas sobre cómo Chile podrá encauzar el descontento social que explotó en una de las naciones más estables de América Latina.
Las protestas han disminuido y la violencia en las calles ha bajado las últimas semanas, pero ahora el temor es que una vez finalicen en marzo las vacaciones del verano austral vuelvan a emerger las manifestaciones ante la falta de respuestas a la mayoría de los reclamos sociales.
«El panorama para el mes de marzo se ve particularmente complejo. Es el mes en que los chilenos más gastan y la crisis (económica) se va a sentir con fuerza. A eso hay que añadir la polarización política que se va a generar producto del debate por la nueva Constitución», dice el analista de la Universidad de Talca, Mauricio Morales. «En consecuencia, Chile afrontará la peor combinación posible: polarización política y crisis económica», agrega.
La semiparalización del comercio tras el estallido y el derrumbe del turismo desplomaron la actividad económica 3.4% durante octubre, lastrando las proyecciones para el cierre de éste y el próximo año.
El Congreso, en tanto, discutía este miércoles la reforma que permitiría convocar a un plebiscito en abril para redactar una nueva Constitución, acordada hace un mes por las fuerzas políticas para desactivar la crisis.
Pero quedarían fuera tres aspectos exigidos en las calles: paridad de género, inclusión de independientes y asientos para las minorías indígenas en la eventual asamblea constituyente, lo que también amenaza con reactivar las protestas.