Mota legal: ¿Una realidad?

Hay temas que llegan a los espacios públicos para instalarse de manera dominante por un cierto tiempo. Parece ser el caso del tema de las drogas y las líneas que conforman esta colaboración semanal. Apenas la semana anterior hablábamos del antecedente relacionado con la producción de morfina en nuestro país, a instancias del mismo ejército mexicano, para el abasto de las tropas aliadas norteamericanas en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, volviendo sobre el tema de la posible regulación de la producción y venta de cannabis, me refiero a un proceso en plena marcha en México, para pasar rápida revista de la situación en que se encuentra.
Los dictámenes de la Ley para la Regulación del Cannabis y las reformas a la Ley General de Salud se encuentran en discusión en las comisiones del Senado. Los retos para formar un acuerdo alrededor de este tema han detenido el debate. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha otorgado una prórroga de siete meses para aprobar una ley en la materia. Esto sucede un año después de que la SCJN, declarara inconstitucionales los artículos de la Ley General de Salud que penalizaban el uso del cannabis. En ese momento, instruyó al Congreso a aprobar una ley sobre el uso del cannabis para el 31 de octubre de este año.
El Senado ha hecho público el borrador del dictamen de la Ley para la Regulación de Cannabis. Este plantea regular toda la cadena de valor en el mercado de la marihuana y combatir el vínculo entre cannabis y crimen organizado al eliminar el mercado negro de esta sustancia. Asimismo, se plantea una reforma a la Ley General de Salud para aumentar el gramaje permitido para fines lúdicos, médicos y tecnológicos de 5 a 28 gramos.
En lo que respecta a la Ley General de Salud, un componente que ha mostrado ser relevante en otras legislaciones en Estados Unidos y Canadá es una medida de la potencia de la droga. En el predictamen se señala que el cannabis se considera como estupefaciente en sus variedades sativa, índica y americana cuando “contengan tetrahidrocannabinol (THC), en cantidad igual o superior a 1%”. Esta es una medida inferior al 2% que la OMS establece para percibir los efectos estupefacientes en el cuerpo humano. A medida que la marihuana se ha vuelto legal en otros países, los cultivos han mejorado su calidad llevando a concentraciones más altas de THC. En este sentido, el umbral de la Ley es aún conservador.
La Ley General de Salud introduce el artículo 235 bis para establecer que la Secretaría de Salud, en coordinación con el nuevo Instituto Mexicano del Cannabis (adscrito a Gobernación), serán los responsables de otorgar permisos y licencias para el manejo de esta droga. Las licencias serán de cuatro tipos: cultivo, transformación, venta, y exportación o importación.
Las licencias de ventas definen una edad mínima de 18 años para los usuarios con fines recreativos, la prohibición de fumar en espacios públicos, y permisos para sembrar un máximo de 4 plantas a los individuos. La Ley para la Regulación de Cannabis señala también que los productos de este cultivo deberán poseer un etiquetado y empaque especial. Conducir u operar maquinaria bajo el influjo de la marihuana llevará a sanciones, como un arresto de entre 12 y 36 horas. En este sentido, asemeja a la legislación sobre bebidas alcohólicas.
Una figura que también se plantea es la creación de los clubes de cannabis, como los que ya existen en Estados Unidos en los estados que han legalizado el consumo. En el borrador, se describe que estas asociaciones podrán tener hasta veinte integrantes, con la restricción individual de las cuatro plantas cultivadas por persona.
En el aspecto de salud pública, las instituciones de salud deberán rediseñar sus estrategias de tratamiento, rehabilitación y reinserción social para las adicciones. Esto sin que los pacientes estén sujetos a la criminalización. El predictamen señala que el Instituto definirá un impuesto proporcional para productos relacionados con cannabis, este impuesto puede destinarse nuevamente al sistema de salud. A través del mismo, los congresistas plantean que es posible recaudar 18 mil millones de pesos anuales.
Por el lado de los productores, el borrador señala que se buscará otorgar licencias y autorizaciones a los campesinos que se dediquen a este cultivo en busca de empoderarlos contra el crimen organizado. Este es uno de los nexos más vulnerables de la cadena productiva, en el que los campesinos son cooptados por las organizaciones criminales. Sin embargo, las licencias están vinculadas a la adquisición de semillas de las variedades sativa, índica y americana, lo que limita la disponibilidad para los agricultores.
La SCJN ha señalado que, en el predictamen, aún está pendiente la armonización con la Ley General de la Salud y el Código Penal. Aún no se ha definido cómo las policías y el sistema de justicia adoptarán la despenalización de las cantidades permitidas. Y tras incorporar los comentarios de Gobernación, Salud y Cofepris en el dictamen, el Senado decidió aplazar el debate.
Organizaciones de la sociedad civil como México Unido contra la Delincuencia, La Discapacidad nos une, y #RegulaciónporlaPaz, señalan que el dictamen favorece a las transnacionales canadienses, porque las especies de plantas permitidas dependen de semillas extranjeras; lo que haría que los campesinos continúen dependiendo de la delincuencia organizada. México Unido Contra la Delincuencia, recomendó seis modificaciones: eliminar el requisito de registro de los usuarios; eliminar las disposiciones para la adquisición de semillas; remover las pruebas de testado y trazabilidad de los productos; adecuar los requisitos de empaquetado; eliminar la licencia para realizar autocultivo, y modificar el artículo 198 del Código Penal Federal que penaliza el uso.
Es conocida mi convicción sobre la necesidad de despenalizar esas formas de manejo de la marihuana y por ello celebro que tengamos importantes avances a la fecha. Quizás está tomando más tiempo del conveniente con los efectos que eso provoca. Pero vale la pena seguir avanzando, consolidando los pasos dados y buscando cada día un mayor consenso. Cualquier escenario es mejor que el que muestra a narcotraficantes sometiendo a la autoridad o a bandas de criminales masacrando mujeres y niños, que es el que hoy lamentablemente vivimos. Abramos la mente y exploremos poner el interés común por encima de los intereses criminales.

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