Podría hasta fincársele responsabilidades a la presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Martité Hernández Correa, por permitir la desaparición de la Unidad de Evaluación y Control, advirtió el abogado Juan José Frías Aguilera, integrante de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí Postulantes Especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad.
Lo anterior, luego de que diputados locales señalaron la posible eliminación de la UEyC, argumentado incapacidad e ineptitud del titular Jorge Ovidio Robledo Gómez, a quien ellos deliberada e ilegalmente eligieron.
“Esto significa que buscan cubrir sus torpezas, pero claramente es el resultado que ya se prevé del Juzgado Sexto de Distrito, con relación al amparo 582/2019, y cuya audiencia constitucional se llevó a cabo el pasado jueves 5 de septiembre, en el cual se presentaron todas la pruebas para señalar que se incurrió en irresponsabilidad al momento de selección de este personaje que significó un compromiso político”, dijo.
Agregó que en este asunto “hay corrupción y que quede claro, las instituciones han sido creadas para servir a la sociedad y no para cumplir caprichos, ni para beneficio de intereses personales y familiares, escudándose en la esencia de la Ley, pues hay que recordarles que las instituciones nacen con un procedimiento legislativo y tienen sus objetivos y finalidad”.
Insistió en que no es válido, ni legal, que se tenga la idea de desarticular instituciones que se encargan de evaluar, fiscalizar, responsabilizar y en su momento informar a la Comisión de Vigilancia sobre el desempeño de la Auditoria Superior del Estado, ASE, para posibles sanciones.
“Exhiben su obscurantismo y tapan torpezas, como cuando formularon las modificaciones que se deberían de hacer al Dictamen que proponía las candidaturas a la titularidad de este organismo. Ahora lo señalan como ignorante inepto e incapaz tan solo porque en todo este tiempo ha demostrado un total desconocimiento del órgano al que representa aunado al servilismo demostrado y la falta de carácter, pero los legisladores tampoco tienen idea de lo que representa esta Unidad de Evaluación y por eso eligen a una persona a modo y modifican la Ley a su propio contentillo, por lo que hay responsabilidad directa de la presidenta de la Comisión de Vigilancia a la que en su momento se le denunciará como corresponde”, dijo.
