La muerte de una adolescente de 15 años, secuestrada y violada por un sospechoso de 64 años en Rumania y la tardanza de la Policía en reaccionar a las llamadas de auxilio de la víctima han provocado indignación ciudadana y han generado una verdadera crisis política al más alto nivel.
La justicia rumana abrió este miércoles una investigación contra el fiscal que retrasó la entrada de la Policía en la casa donde había sido retenida la menor de 15 años violada y asesinada la semana pasada en el sur de Rumania, el fiscal Cristian Ovidiu Popescu podría haber cometido una “negligencia grave” al aplicar la ley con excesivo garantismo y no permitir que los agentes ingresaran en la vivienda antes de las seis de la mañana. El fiscal podría haber violado asimismo una de las disposiciones de la Constitución, que contempla como excepción a los principios de inviolabilidad del domicilio aquellos casos en que “la vida, la integridad física o los bienes de una persona” están en peligro, señala la Inspección en un comunicado. La menor asesinada fue secuestrada el miércoles pasado mientras hacía autoestop, y pidió auxilio el jueves al mediodía hasta en cinco ocasiones a través del teléfono de emergencias 112.
La falta de reacción de la Policía, que tardó 19 horas en irrumpir en la vivienda desde la que se hicieron las llamadas, han provocado indignación y demandas de dimisión al Gobierno, además de precipitar la dimisión el martes del ministro del Interior.