El Juzgado 32 Penal Municipal de Medellín impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario a seis uniformados de la Policía Nacional, al parecer, por el secuestro de dos expendedores de estupefacientes en el centro de la ciudad. Los indiciados deberán responder como presuntos responsables de secuestro extorsivo agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por uso.
Se trata de un suboficial y cinco uniformados de la Fuerza Pública, quienes, al parecer, habrían cometido el secuestro para exigir dinero a cambio de liberar a los jíbaros y de no vincularlos a procesos penales por el delito de tráfico de estupefacientes.
“Lo más delicado del caso es que muchas veces esas personas retenidas debían ser judicializadas pero que no se pusieron a disposición de los fiscales a quienes correspondía la investigación, se encontraron interceptaciones telefónicas y evidencias que pudieron demostrar su participación.
Este es un proceso que responde a la necesidad de judicializar actividades irregulares al interior de cualquiera de las instituciones”, dijo Adriana Villegas, directora seccional de Fiscalías de Medellín (e).
Después de una audiencia preliminar realizada el martes 2 de julio de este año, cuatro de los seis uniformados fueron sorprendidos cuanto intentaban ingresar celulares a la sala de paso de la sede Caribe de la Fiscalía de Medellín.
Los teléfonos fueron confiscados y el juez de garantías legalizó la incautación.
