El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, rechazó la puesta en libertad de Alonso Ancira, por lo que el dueño y presidente de Altos Hornos de México (AHMSA) deberá permanecer en una prisión española hasta que se resuelva su extradición a México, según confirmaron a El Universal fuentes de la dependencia judicial. La Justicia española considera que en el caso del empresario mexicano persiste el riesgo de fuga por lo que desestimó el recurso de reforma de su abogado, Ismael Oliver, que solicitó la libertad de Ancira por considerar que no cometió los delitos de fraude y corrupción que se le imputan.
La Audiencia Nacional reitera que el directivo de AHMSA debe permanecer a disposición de la justicia española durante todo el proceso de extradición a México, por lo que no procede su salida de la cárcel.
Por el contrario, el letrado de Ancira mantiene su plena inocencia y enfatiza que su captura no está justificada en términos jurídicos, ya que es fruto de una vendetta orquestada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Preso en un reclusorio de la isla de Mallorca, su estado de salud es delicado, según su abogado. El empresario mexicano, de 67 años, está aquejado de diabetes y necesita tomar varios medicamentos al día.
El director de AHMSA rechazó su entrega a las autoridades mexicanas el pasado 28 de mayo durante el interrogatorio al que fue sometido por el juez Pedraz, que le preguntó si aceptaba ser extraditado a México, a lo que el empresario respondió negativamente.
La policía española capturó a Ancira a finales de mayo en el aeropuerto de Palma de Mallorca, en cumplimiento de la orden de aprehensión internacional emitida por el gobierno de México en su contra, por supuestos delitos de fraude fiscal y corrupción.
El gobierno mexicano giró la ficha de captura con base en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que detectaron transferencias irregulares realizadas desde las cuentas de AHMSA a empresas off shore vinculadas a la constructora brasileña Odebretch y al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, que se halla en paradero desconocido y sobre el que pesa una orden de búsqueda y captura internacional.
Entre los delitos presuntamente cometidos por Ancira está la venta irregular a Pemex de una planta chatarra de Agronitrogenados, por la cual la petrolera pagó un sobreprecio de más de 500 millones de pesos.
