Alrededor de 3 mil mujeres en México al año se practican un aborto de manera irregular, además en San Luis Potosí nueve mujeres han sido criminalizadas por supuestamente abortar cuando las obligan a confesar para poder recibir atención médica, estos fueron algunos de las cifras que se dieron durante el Foro de Maternidades, libertades y mujeres autónomas.
La integrante del Grupo de Información en Reproducción Elegida Karen Luna dio a conocer que de enero del 2007 a diciembre del 2016 en San Luis Potosí, nueve mujeres han sido denunciadas por presunto aborto, tres mujeres estuvieron sujetas a juicio y otras tres han sido sentenciadas, además 21 mujeres han estado en prisión preventiva.
Explicó que la pena mínima para quienes cometen este delito en el estado es un año de prisión y la máxima es de tres años, además de una multa, por lo que es urgente que se despenalice el aborto.
Añadió que el Estado Mexicano ha firmado tratados internacionales, y órganos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han examinado este tema y han recomendado “expresamente caminar a la despenalización”, por lo que pidió a los legisladores “no evadir este compromiso internacional de Derechos Humanos”.
Karen Luna dijo que de acuerdo a las sentencias que analizaron, “es que los jueces han estado resolviendo sin apoyo de mayor prueba, simplemente basándose en las confesiones de mujeres que muchas veces son presionadas para aceptar que se hicieron aborto a cambio de recibir atención médica, entonces no hay mayor prueba en las cuales los jueces pudieran estar resolviendo estas sentencias condenatorias”.
La legisladora de morena, Alejandra Valdés Martínez, dijo que de acuerdo a cifra extra oficiales, ya que no se tienen datos reales de la situación, en el país se practican alrededor de 3 mil abortos al año de manera clandestina.
Agregó que además de cada 10 abortos practicados de forma clandestina al menos 3 mueres, lo cual se debe a problemas de diferentes índoles como alguna discapacidad o enfermedad; además de que 10 abusos sexuales 8 corresponden a niñas abusadas en su hogares, por eso hay un alto índice de embarazos adolescentes.
“Son casos muy alarmante y nosotros estemos que empezar a concientizar, ya que esto no se trata de que vengamos a legislar por creencias sino porque tenemos que garantizar que haya respeto a los derechos humanos”, dijo.
Por su parte el Fundador y asesor teológico de Católicas por el Derecho a Decidir, Julián Cruz Alta señaló que es necesario que en San Luis Potosí se despenalice el aborto para garantizar a las mujeres sus derechos y libertades, como ya se hace en la Ciudad de México.
Esto lo señaló durante su participación en el Foro de Maternidades, libertades y mujeres autónomas, donde aclaró que despenalizar el aborto no es obligar a las mujeres a que lo practiquen y tampoco significa ir en contra de creencias personales, ya que si una mujer no quiere abortar no se le obligaría, “sería terrible ir en contra de sus creencias personales”.
Abundo que despenalizar el aborto es como el divorcio, “hay una Ley de Divorcio que no obliga que te divorcies pero si no eres feliz en tú matrimonio puedes divorciarte, la decisión está en la ética, qué es la parte razonable de la humanidad y razones para dar libertad”. Aseguró que los legisladores tienen garantizada su creencia religiosa pero como diputados deben de prestar de garantizar los derechos de la Constitución y lo las leyes que de ella emanen, “los legisladores deben aprender a tener la ética del momento y no la personal”.
El teólogo puntualizó que como ciudadanos se debe exigir que se legisle sin creencias religiosas, que se garanticen los derechos como la Ciudad de México, que actualmente se ha convertido en una isla de derechos y libertades a donde la ciudadanía acude la forma constante para hacerlos valer.
“Una mujer católica o evangélica que por conciencia dice que no puede o debe abortar por sus creencias, si se despenaliza el aborto no quiere decir que vaya a verte que abortar, pero al penalizar el aborto están obligando a la gente a ver las cosas con la mirada de ellos, la religiosa. Además que un hombre no puede decidir si se aborta o no porque no es quien concibe ni quién pone en riesgo su vida a practicarse un aborto de manera irregular”, dijo.
También, lamentó que la mayoría de los que se oponen a la legalización del aborto sean hombres quienes nunca se verán en una situación de este tipo, y por ello los legisladores están en la obligación de legislar conforme a derecho y la ética, no conforme a sus creencias religiosas y personales, si en caso de que esto suceda se puede solicitar un juicio político contra los diputados que actúan de esta forma.
