Ahí estábamos, en la oficina del presidente electo Ernesto Zedillo, unos minutos después de que me había comunicado su decisión de invitarme a colaborar en su equipo como responsable del gobierno de la Ciudad de México, al frente de la entonces Jefatura del Departamento del Distrito Federal. Faltaban alrededor de 15 días para su toma de posesión y consideró conveniente sondear lo que yo propondría respecto de la Secretaría de Seguridad Pública, posición que le interesaba especialmente.
Sin haberme yo esperado esta invitación y aún sorprendido, le comenté que, en el tema de la seguridad, creía yo que se requería una reingeniería total, un cambio de mentalidad y un saneamiento profundo de las fuerzas del orden, por lo que me parecía que incorporar a un militar sería una gran alternativa. Pero no un militar cualquiera, abundé, sino el General Fuentes Álvarez, director del H. Colegio Militar y a quien conocía yo desde hacía tiempo como un hombre capaz, de una rectitud absoluta y con una limpia trayectoria. Y si creo que todo debe iniciar por la formación y reentrenamiento de nuestras policías, le comenté, qué mejor que quien dirige el Colegio Militar.
De inmediato tomó la red y llamó al entonces secretario de la Defensa Nacional para pedir su opinión, sin mencionar quien le había hecho la propuesta. El general secretario Riviello Bazán comentó que tenía una excelente impresión del General Fuentes Álvarez y que seguramente quien lo proponía conocía bien a la gente de armas, pues se trataba de un militar ejemplar. Pero también comentó que, a su parecer, si se trataba de un nombramiento aislado y no de todo un equipo, la designación sería un fracaso, ya que no era lo mismo dirigir a los militares que a los policías del Distrito Federal.
Al presidente Zedillo le pareció entonces que no estaban dadas las condiciones para nombrar a todo un equipo y me indicó que pensara en algún civil para la responsabilidad. De ahí surgió la propuesta de David Garay Maldonado, excelente hombre que demostró (y lo sigue haciendo), una gran capacidad en todas sus responsabilidades públicas. Tiempo después, por razones que aún ahora son muy cuestionables, David sería injustamente destituido por el mismo presidente Zedillo, para dar lugar a la incorporación a mi gobierno de un grupo de 110 militares, encabezados por el General Enrique Salgado Cordero, quien encabezó la Secretaría de Seguridad Pública hasta el final de mi administración, ya que en el siguiente gobierno, los militares salieron de la policía capitalina. Finalmente había hecho Zedillo lo que desde un inicio le había yo propuesto.
Viene a cuento la anécdota, pues el Ejecutivo Federal anunció el 14 de noviembre el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024; seguido de una iniciativa de reforma constitucional que propone la creación de una Guardia Nacional. El 20 de diciembre, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados emitió un dictamen que aprueba esta iniciativa, definiendo las características y participación de esta Guardia en el mantenimiento de la seguridad pública.
Este Plan establece que enfrentar las carencias de educación, alimentación y vivienda es una de las principales vías para combatir el crimen organizado. Asimismo, señala que la corrupción y las redes de complicidad institucional fomentaron un ambiente para el desarrollo de las organizaciones criminales. Como componente central, el Plan tiene el objetivo de reducir los ambientes y los incentivos que llevan a cometer un delito a través de política social y cambiando el paradigma de profesionalización policial hacia una institución que, formada desde las fuerzas armadas, permita a éstas operar en temas de seguridad en tiempos de paz.
Para ello plantea una reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, dependiente del Ejecutivo federal, con el objetivo de prevenir el delito, preservar la seguridad pública y combatir la delincuencia en todo el país. Según el Plan, esta institución toma como referencia a la Gendarmería Francesa y la Guardia Civil Española. Sin embargo, existen diferencias entre la operación de estas instituciones. La Gendarmería Francesa es parte de las fuerzas armadas, aunque depende operacional y presupuestalmente del Ministerio del Interior. Tiene funciones de policía judicial y administrativa, así como misiones militares de policía y protección de embajadas. Por su parte, la Guardia Civil española no pertenece a las fuerzas armadas, sino a los “Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado” como policía judicial y administrativa con el fin de “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad”, además tiene atribuciones para el combate al terrorismo y protección de fronteras.
El dictamen de la reforma al artículo 21 constitucional define a la existencia de una Guardia Nacional como una institución del estado destinada a salvaguardar la vida y la libertad de los ciudadanos. Este artículo define su colaboración con el Ministerio Público para investigar delitos, y se encuentra vinculado con la reforma al 13°, que establece que los miembros de la Guardia serán sancionados por la justicia civil en vez de la militar. Por otra parte, la reforma al artículo 89 constitucional faculta al presidente a reglamentar y disponer de estos cuerpos a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Sin embargo, los transitorios definen también un lapso de 5 años en los que la Guardia dependerá de SEDENA antes de pasar al mando de Seguridad Pública. Por último, la reforma al artículo 129 permite a los militares actuar en tiempos de paz.
Los transitorios de esta reforma definen la incorporación de las policías militares de la Marina y el Ejército a esta Guardia. Se plantea que cuente con 68 mil elementos integrados el Ejército, la Marina y la Policía Federal. De aprobarse estas reformas constitucionales, se derivarían las Leyes Orgánica de la Guardia Nacional, del Uso legítimo de la Fuerza y del Registro Nacional de Detenciones. Así mismo, uno de los elementos añadidos en comisiones fue la capacidad del Congreso para disolver esta Guardia y la facultad del Senado para evaluar su plan anual de trabajo.
Desde una perspectiva de derechos humanos, Amnistía Internacional y ONU Derechos Humanos han criticado continuar la estrategia de usar militares para el mantenimiento de la seguridad. Naciones Unidas ha hecho un llamado porque la Guardia Nacional sea una institución temporal y con mando civil. Los diputados programaron la votación para enero, durante este periodo se realizarán audiencias con gobernadores, municipios, autoridades federales, académicos y especialistas. Será muy conveniente que en esta etapa se afinen detalles muy importantes que atiendan a las preocupaciones legítimas que se han señalado.
Ayer nos amanecimos con la noticia de que en este primer mes de gobierno, el número de ejecuciones subió un 65% en relación con el último mes de Peña Nieto, lo que habla del tamaño de la amenaza que vivimos. Con todo y la polémica que este tema genera, en esta ocasión coincido con el gobierno de AMLO en que el problema es de tal magnitud que requiere medidas de esta naturaleza. He iniciado con aquella anécdota, para dejar constancia de la convicción que tengo desde aquel entonces de que, en el tema de la inseguridad, más que nunca se cumple aquello de que “A grandes males, grandes remedios”.