Vuelvo sobre un tema que recurrentemente he tratado en este espacio editorial: la legalización de las drogas. Un tema cargado de polémica, sobre el que mi opinión ha ido variando al paso del tiempo, ante el peso de los hechos incontrovertibles; entre ellos el de que, a nosotros, en esta inútil guerra contra el narco, nos ha tocado poner los muertos, mientras en el país vecinos la droga circula y se consume libremente, sin consecuencias violentas para nadie. No es causalidad que coincidamos dos articulistas de Crónica en dos días seguidos con este tema. La trascendencia lo explica.
Y en relación a ello me referiré a la iniciativa presentada en noviembre por Olga Sánchez Cordero aún como Senadora de la República,sobre la “Ley General para la Regulación y Control de Cannabis”. Dicha iniciativatiene el objetivo de despenalizar y regular la cadena de producción de la marihuana y representa un trascendente paso, firme y decidido, en el cambio de paradigma de combate al narcotráfico. En 75 artículos, la ley plantea elementos del debate sobre la despenalización que han estado presentes en diversas reformas implementadas en otros países: la portación personal máxima de 30 gramos, un padrón de productores en un Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis, así como licencias de producción y venta.
La exposición de motivos hace expresa referencia a esos incontrovertibles hechos a los que hago alusión en el primer párrafo, al señalar que la guerra contra las drogas ha generadola escalofriante cifra de 240 mil muertos y 40 mil desparecidos en 10 años, por lo que es necesario transitar de un modelo de prohibición, a uno de control que incluya aspectos relacionados conla salud pública. La iniciativa se presenta después de la declaración de inconstitucionalidadque emitió la Suprema Corte acerca de la prohibición de la marihuana para usos recreativos en la Ley General de Salud.
Se busca crear a través de la ley propuesta, un modelo de mercado regulado para el cannabis, monitoreando la cadena de valor. Para ello, propone establecer un registro de volúmenes de producción, un marco regulatorio flexible que pueda adaptarse a nueva evidencia, y la implementación de sanciones administrativas. Esta iniciativa es ambiciosa e innovadora respecto a otros modelos de despenalización que buscan únicamente crear espacios confinados de producción y consumo. En el caso en cuestión, se plantea que el consumo puede realizarse en la vía pública, emulando la regulación de los espacios cien por ciento libres de humo de tabaco y la prohibición de venta a menores.
La portación personal despenalizada que pasaría de 5 a 30 gramos y el cultivo de 20 plantas para autoconsumo estarán regulados por un padrón.Así mismo, esta producción de autoconsumo no debe exceder los 480 gramos anuales yel Instituto vigilará los excedentes. A diferencia de las regulaciones en otros países, la iniciativa pone más controles sobre los clubes de cannabis, los cuales tendrán un registro más estricto en el Instituto,privilegiándose así la producción individual.
El uso para fines médicos queda regulado en el artículo 20, que obliga a las instituciones de investigación a contar con un protocolo de investigación autorizado por el Instituto, la nacionalidad mexicana para investigadores individuales o contar con un 80% en capital nacional para empresas de investigación.Así mismo, la venta de farmacéuticos derivados del cannabis requeriría de una receta médica.
Para su uso industrial, la iniciativa autoriza la siembra, cultivo, cosecha, preparación, fabricación, producción, distribución y venta de cannabis en su artículo 23. La Ley busca delimitar la venta a establecimientos específicos y el Instituto, determinará los puntos de venta autorizados, reglas de transporte y el etiquetado. Sin embargo, la publicidad queda prohibida y estas actividades comerciales tendrán un impuesto orientado a eliminar el mercado informal.
En el aspecto comercial también, las licencias emitidas por el Instituto juegan un papel central en este mercado. En la iniciativa, los establecimientos de comercio tienen las obligaciones de ofrecer servicios de información y asesoramiento profesionalizado a los consumidores, así como acreditamiento de su mayoría de edad, anuncios sanitario yexhibición de las licencias de venta emitidas por el Instituto.La iniciativa también establece un máximo de niveles de THC prescrito por el Instituto; prohíbe la mezcla con otras sustancias como alcohol, nicotina, tabaco ocafeína, y la venta sin el empaquetado oficial.
Por otro lado, la creación del Instituto se define en los artículos 45 a 53. Sus objetivos consisten en “crear la regulación que garantice que el enfoque de salud pública, de reducción de riesgos y daños relacionados con el consumo de Cannabis”. Así como “reglamentar las actividades de plantación, cultivo, cosecha, transporte, almacenaje, producción, elaboración, distribución, comercialización, expendio y venta de Cannabis”. Entre estos objetivos se incluye también una labor de vigilancia y fiscalización de la actividad comercial.
Para cumplir estos objetivos, el Instituto tiene las atribuciones para diseñar los lineamientos para otorgar las licencias de siembra, cultivo, cosecha, producción, etiquetado, empaquetado, transporte, distribución, venta y comercialización, y consecuentemente, para otorgar estas licencias, prórrogas y suspensiones. Así mismo, tiene la facultad para aplicar sanciones administrativas y comisionar investigaciones científicas, médicas y socioculturales. Por último, se encargará también de diseñar uno de los componentes principales de la ley: el registro anónimo de auto productores para uso personal de cannabis y la creación del padrón de cooperativas de cannabis. Aunado a estas atribuciones, el Instituto también tiene la función de generación de estadísticas en la materia.
Por último, se establecen sanciones similares a las de otras sustancias como el alcohol y tabaco para la conducción de vehículos y violación de licencias. Y en los transitorios, se define que las entidades deberán armonizar sus legislaciones a esta Ley. Así, con estas medidas, se busca que el tratamiento del cannabis sea similar al de otras drogas.
He seguido desde hace muchos años el desempeño profesional de Olga Sánchez Cordero y admiro su valentía y congruencia, virtudes que nuevamente se hacen evidentes en esta iniciativa de ley. Innovadora propuesta que, sin duda,apunta a terminar con la maldita paradoja de que, mientras en el país vecino se enriquecen los traficantes de armas y drogas, tolerando la producción, comercialización y consumo en buena parte de su territorio, aquí en México, gracias a esa absurda guerra iniciada por Felipe Calderón, seguimos poniendo los muertos. ¡Enhorabuena, Secretaria!