El Pleno del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su preocupación por la propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de crear una Guardia Nacional y enfatizó que la presencia de las Fuerzas Armadas no debe verse como opción permanente y esencial para recuperar la paz, la seguridad y el respeto a los derechos humanos.
Hizo un llamado para que, en un ejercicio de coherencia y compromiso con el respeto a los derechos y libertades básicas de las personas, y de cumplimiento a los estándares internacionales, se revise el apartado correspondiente al «Plan de Seguridad Pública» para que se contemple una estrategia integral y razonada que prevea una ruta para corregir las deficiencias y el fortalecimiento de las policías e instituciones civiles federales, locales y municipales para que asuman la seguridad pública, con el objetivo de que haya un plan para el retorno gradual de las Fuerzas Armadas a las tareas que les corresponden.
Recordó que la creación de una Guardia Nacional contraviene a la Constitución General, así como a las recomendaciones de instancias internacionales y declaraciones previas del presidente electo y miembros de su equipo.
Enfatizó que la eventual reforma constitucional para quitar a las autoridades civiles la responsabilidad de asumir la seguridad pública y otorgarla a un cuerpo de franco corte militar no subsanaría los vicios y lo improcedente que desde la perspectiva de los derechos humanos resultaría implementar una política pública como la que se contempla en dicho plan.
El Consejo Consultivo consideró que «pretender desvincular a la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas no cambia en los hechos la realidad de que estará integrada mayoritariamente por personal del Ejército y de la Marina, y actuará conforme a esquemas propios del orden y disciplina castrense, bajo un modelo de división territorial y facultades amplias que es ajeno al que rige a las autoridades e instituciones civiles».
Afirmó también que «la presencia de las Fuerzas Armadas no debe verse, bajo ningún concepto, como opción permanente y esencial para recuperar la paz, seguridad y respeto a los derechos humanos que la sociedad reclama, ni será la respuesta a los problemas de impunidad, corrupción, exclusión y desigualdad que enfrentamos».
El Consejo Consultivo y la CNDH expresaron su compromiso para emprender acciones que contribuyan a lograr los objetivos preventivos propuestos en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 en los ámbitos del fortalecimiento de una cultura de derechos humanos, la divulgación y formación ética de la sociedad, la generación de insumos que enriquezcan el replanteamiento desde una perspectiva de derechos humanos de las políticas de producción y consumo de drogas, y la construcción de una cultura de paz, entre otros temas.