En México viven en pobreza la mitad de los adultos mayores y los principales programas federales no son suficientes para que puedan cubrir sus necesidades básicas, advirtió el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
De acuerdo al organismo, el 7.2 por ciento de las mexicanas y mexicanos son personas mayores, con 65 años o más, y el problema más importante de este sector es la pobreza: casi la mitad vive en dicha situación.
Agrega que la discriminación estructural hacia este sector es causa de dicha pobreza, y al mismo tiempo la acentúa. Puesto que se sabe, por ejemplo, que los ingresos derivados de un trabajo bien remunerado son la forma más efectiva para salir de la pobreza, pero las personas adultas mayores no tienen muchas posibilidades de acceder a un empleo porque empresas y gobiernos las consideran poco productivas (en el mejor de los casos) o inútiles (en el peor).
Esto las ha marginado a trabajos precarios, informales o mal remunerados. Al no tener ingresos suficientes ni seguridad social, la mayoría de las personas adultas mayores depende casi por completo de su familia y del Estado, pero ellos también las discriminan.
De acuerdo al Conapred, en muchos hogares a los adultos mayores se les considera una “carga”, y por eso se les maltrata o abandona. El Estado las discrimina porque no garantiza sus derechos más básicos ni destina los recursos necesarios para hacerlo.
El Programa Pensión para Adultos Mayores, que es el más importante y al que se destinan más recursos para ese grupo de población en el gobierno federal, entrega apenas mil 60 pesos cada dos meses a sus derechohabientes.
Por ello, el Conapred advirtió que los programas sociales excluyen a una buena parte de sus potenciales titulares como a los adultos mayores que tienen cierto nivel de ingresos, aunque sea muy bajo, y a los que están en situación de mayor vulnerabilidad y viven en comunidades remotas o que no hablan español.
En el primer caso, indicó el organismo, el Programa Pensión para Adultos Mayores, excluye a todas las personas que reciban ingresos por jubilación o pensión contributiva superiores a mil 92 pesos mensuales, cifra inferior a las líneas de bienestar económico de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en las ciudades y el campo. Mientras en el segundo caso, el mismo programa pide como requisitos para acreditar identidad y edad varios documentos que las personas en mayor situación de vulnerabilidad no siempre tienen o pueden conseguir con facilidad como acta de nacimiento, credencial de elector, pasaporte o Clave Única de Registro de Población (CURP).
En el caso del Programa de Inclusión Social, además, sólo son elegibles las personas que tengan credencial del INAPAM.