Los exalcaldes de Coacalco, Erwin Castelan y David Sánchez, así como sus tesoreros, síndicos y regidores en las administraciones 2013-2015 y 2016-2018, fueron vinculados a proceso por el delito de omisión dolosa, luego de negarse a pagar una indemnización a un trabajador despedido injustificadamente.
En la segunda audiencia realizada ante el juez de distrito se determinó que los 32 funcionarios incurrieron en una omisión por lo que se determinó vincularlos.
Ante esto, los funcionarios solicitaron una medida preventiva económica, por lo que se determinó fijar una garantía económica de cinco mil pesos por cada uno y tendrán que acudir de manera periódica a firmar, para que puedan seguir su proceso en libertad.
La vinculación se realizó por el delito de omisión dolosa, pues el juicio de amparo que se les imputa data de 2013, lapso en el cual las dos administraciones solicitaron partidas presupuestales para cubrir diversos adeudos y gastos de las administraciones, y ninguno hizo el pago que inicialmente era de dos millones de pesos y ascendió a cuatro millones.
Durante la audiencia se resaltó que los requerimientos fueron constantes desde el 2013 hasta el 2017, y fueron exhortados por las autoridades para realizar el pago del extrabajador, pero éste no se cumplió al argumentar que no había partidas presupuestales.
Sin embargo, hay información de que solicitaban apoyos gubernamentales o préstamos para cubrir algunos adeudos y pendientes de sus administraciones, pero en ningún momento se cubrió el adeudo con el trabajador despedido.
El juez fijó un término de seis meses para aportar pruebas, lapso en el que los exediles deberán firmar y seguir su proceso sin perder sus derechos constitucionales.
Cabe señalar que el exedil David Sánchez busca nuevamente la alcaldía de Coacalco.
Hasta este momento no son penalmente responsables o no se ha acreditado de manera fehaciente ningún ilícito. Hasta este momento lo que hay son indicios, son elementos suficientes que presuponen que efectivamente ellos lo cometieron, pero no tienen ningún impedimento”, explicó el abogado Ismael Soto.
Y aunque ya se pagaron los cuatro millones de pesos al afectado, en el mes de febrero podría fincárseles responsabilidad e inhabilitar a los funcionarios.
En el caso de ellos se les está imputando el artículo 267, que cita se pondrá pena de cinco a 10 años de prisión, multa de 100 a mil días y en su caso, destitución o inhabilitación de cinco a 10 años para desempeñar otro cargo, empleo o actividad pública, a la autoridad que dolosamente, según la fracción primera, incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, que es el motivo por el que se le esta consignando”, añadió.