Recientemente escuché con insistencia en México que era muy importante que Trump lograra algún éxito en sus iniciativas de campaña, pues de otra forma, las presiones por acabar con el TLC, con una medida unilateral, serían más intensas. Hoy, parece que se ha materializado uno de esos éxitos al aprobarse por el legislativo el paquete fiscal propuesto por el ejecutivo estadounidense. Ya veremos si no sale peor el remedio que la enfermedad.
En campaña, Trump prometió una reforma fiscal que redujera drásticamente los impuestos. A principios de noviembre, su administración propuso la iniciativa The Tax Cuts and Jobs Act que combina recortes al gasto y reducciones al impuesto sobre la renta. La reforma busca, a decir de los republicanos, acelerar el crecimiento al reducir el costo de hacer negocios y reducir en 8,500 millones de dólares el déficit (metas que varios economistas y los Demócratas califican de poco realistas y que, al contrario, ampliarán el déficit). Durante la semana pasada, la iniciativa fue aprobada por una mayoría republicana en el Senado estadounidense de 51 votos frente al rechazo de 48 demócratas y un republicano.
El componente más controversial de la iniciativa es la propuesta para reducir el impuesto corporativo. La iniciativa propone pasar de un impuesto corporativo del 35% al 20%. La tasa entraría en vigor en 2018 y se mantendría constante. El Congreso, por su parte, debate reducir la tasa a tan sólo 25% y retrasar su aplicación hasta 2019. Si bien esta reducción tendría un efecto sobre las empresas en general, los individuos beneficiados de ella son los propietarios de las grandes empresas.
Por otro lado, la reforma privilegia la inversión en vez del trabajo y existen pocos cambios a los incentivos laborales. Los trabajadores que dependen de su labor se enfrentan a pocas reducciones, mientras que los inversionistas reciben la mayor parte de los beneficios. Privilegiar los ingresos corporativos en la reforma significa favorecer los ingresos provenientes de las inversiones pasivas, la riqueza heredada y el ingreso proveniente de la renta de propiedad; las cuales tampoco son consideradas actividades productivas.
Durante el debate legislativo el grupo de lobby conservador “Freedom Partners”, vinculado a las empresas de los Koch, criticó la disminución al impuesto corporativo. Este grupo de lobby señala que los días de impuestos mínimos para empresa son cosa del pasado; los nuevos retos estadounidenses en calidad de vida y crecimiento requieron de la inversión de recursos públicos.
Por otra parte, la iniciativa cambia los niveles de impuesto sobre la renta personal. Se propone cambiar a cuatro los niveles de impuestos, en lugar de siete. Esto haría pasar la tarifa más baja de 10% a 12%, mientras que la más alta continuaría siendo 39.6%. Sin embargo, el Senado estadounidense discute conservar el esquema de siete niveles de impuesto manteniendo el más bajo en 10% y logrando así la discriminación actual en el cobro de impuestos.
El Senado aprobó también un máximo de 17.4% deducible al impuesto sobre la renta. Actualmente, el máximo de deducción es de 4,150 dólares. Sin embargo, se mantienen los préstamos estudiantiles como deducibles y aumenta el monto deducible para individuos solteros a 6,350. Así como también se duplican a 24,000 dólares las deducciones presentadas por parejas, medida que ha sido criticada por su enfoque conservador. Asimismo, se eliminaron las penalizaciones para quienes no contratan algún tipo de seguro médico.
La reforma busca poner un tope a las deducciones al pago de hipotecas en nuevas viviendas por 500,000 dólares, éste pretende ser un incentivo para prevenir la formación de burbujas hipotecaras. Sin embargo, la industria inmobiliaria señala que se trata de un incentivo negativo que se traducirá en la reducción de nuevas adquisiciones de vivienda.
El Senado incorporó también un impuesto de 12.5% a los ingresos que las compañías estadounidenses ganan en el exterior derivados de su propiedad intelectual. Este componente, según el legislativo, podrá recaudar hasta 130 mil millones de dólares a lo largo de 10 años. La combinación de este impuesto con la reducción de impuestos corporativos suponen una posible reducción de la inversión estadounidense en México. Al respecto, analistas de Deloitte señalan que la reforma podría afectar a México alterando la manera en cómo las empresas instaladas en nuestro país invierten y asignan sus utilidades.
Paul Krugman señala que el aumento en el impuesto tiene un efecto de sustitución con la seguridad social; estima que 13 millones de estadounidenses dejarán de invertir en seguridad social. Asimismo, el Joint Committee on Taxation del Congreso estadounidense señala que, con el esquema de cuatro niveles de cobro, los impuestos aumentarán en promedio para los ciudadanos con ingresos menores a $75,000 dólares anuales, pero se reducirán para aquellos con ingresos mayores a $1 millón de dólares anuales. Por último, la Congressional Budget Office del legislativo estadounidense, señaló que la versión final del Senado añadiría 1.44 trillones de dólares al déficit en un periodo de 10 años, debido a los bajos ingresos del gobierno.
Así las cosas, independientemente de que habrá que revisar mucha más información a detalle hacia el futuro, parecería que esta reforma puede restarle competitividad a México por el nivel de nuestros impuestos y aún no me queda tan claro que la presión sobre el TLC se vaya a relajar significativamente. En lo que hace a nuestros vecinos, coincido con una visión negativa respecto a las consecuencias del déficit, al desmantelamiento de esquemas de seguridad social, y a la mayor concentración de la riqueza, aspectos todos que distan de significar avances para la sociedad norteamericana. Por todo ello es que creo que se vale pensar en que, a lo mejor, saldrá peor el remedio que la enfermedad.