México requiere una Fiscalía General de la República alejada de intereses partidistas y de cambios cosméticos; eficaz, profesional e independiente, recomendó ayer el representante en nuestro país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan-Jarab.
“Se necesita una transformación que no sea sólo cosmética”, dijo en el seminario internacional Los Ministerios Públicos y el Combate a la Impunidad en América Latina, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado.
Entre las recomendaciones que Jan-Jarab hizo al Poder Legislativo está la independencia de los servicios periciales, la creación de un Consejo Asesor de renombrados especialistas, así como cuidar el perfil del titular para que no responda a intereses partidistas.
Sugirió también que la instauración de la fiscalía sea antecedida de una reforma constitucional que garantice la autonomía funcional, presupuestal y administrativa.
“Antes de designar al titular, es preciso definir el diseño de la institución; sin embargo, sí es importante que el titular esté alejado de los intereses de los partidos”, dijo.
Durante el foro participaron especialistas de Alemania, Guatemala, Colombia y Perú, entre ellos Ángela Buitrago, exintegrante de la Comisión Interinstitucional de Expertos Independientes (GIEI), que revisó el caso Ayotzinapa.
ONU pide fiscal general sin intereses partidistas
La impunidad es la regla y el castigo, la excepción, dijo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
México debe construir una Fiscalía General de la República eficaz, independiente y profesional, lejos de los intereses partidistas y los cambios cosméticos, planteó desde el Senado el representante en México del Alto Comisionado de las acciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan-Jarab.
“Para México, no nos queda duda que se necesita, como también lo dijeron otros ponentes, una transformación que no sea sólo cosmética, no sólo un cambio de nombre. México necesita un sistema de procuración de justicia eficaz, profesional e independiente de todos los intereses políticos”, aseguró el especialista.
Al participar en el seminario internacional Los Ministerios Públicos y el Combate a la Impunidad en América Latina, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, Jan-Jarab explicó que en el contexto de investigación de la corrupción que realizan servidores públicos de diferentes naciones, es fundamental que las fiscalías cuenten con un diseño institucional que las fortalezca y les permita perseguir y castigar a los responsables.
“En México, como sabemos, casi en todos los principales problemas de los derechos humanos, la impunidad es el denominador común: desaparición, tortura, asesinatos de periodistas, feminicidios, violación de sentencias judiciales en casos de comunidades indígenas.
“Siempre, cuando buscamos soluciones para cambiar este preocupante escenario, siempre llegamos a la conclusión de que todas las medidas sintomáticas, aunque buenas, se van a quedar cortas si no logramos cambiar la impunidad prevalente, si no mejoramos el funcionamiento de los ministerios públicos, de las fiscalías, si no logramos mejorar la procuración de justicia y si la impunidad permanece como la regla y el castigo la excepción, no se puede fortalecer el Estado de derecho”, destacó.
Jan-Jarab dijo que sería un error reducir la creación de la nueva Fiscalía General de la República a una mera discusión sobre el perfil de su titular.
“Antes de designar al titular, es preciso definir el diseño de la institución; sin embargo, sí es importante que el titular esté alejado de los intereses de los partidos”, dijo.
Durante el foro participaron especialistas de Alemania, Guatemala, Colombia y Perú, entre ellos Ángela Buitrago, exintegrante de la Comisión Interinstitucional de Expertos Independientes (GIEI) que revisó el caso Ayotzinapa.
Los especialistas coincidieron en que la fortaleza de la Fiscalía General en México debe basarse en su autonomía para perseguir los delitos.
Propuestas
Jan-Jarab enlistó varias medidas que México debería aplicar en el diseño de la Fiscalía General.
- Los servicios periciales deben ser independientes.
- Crear un consejo asesor de especialistas.
- Cuidar el perfil del titular,.
- Realizar una reforma constitucional que garantice la autonomía, el profesionalismo y la rendición de cuentas.
- La autonomía debe ser funcional, presupuestal y administrativa.
- Crear servicios profesionales de carrera.
- Mecanismos de control internos y externos.
- Los procesos de selección y remoción de fiscales deben ser ajustados a los principios de transparencia, idoneidad y debido proceso.
Meses de incertidumbre
Los legisladores no han logrado acuerdos para transformar la PGR en la Fiscalía General de la República.:
- La reforma constitucional de 2014 establece que quien sea Procurador al aprobarse la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República se convertirá en automático en el primer Fiscal General. Es el llamado “pase automático”.
- El 27 de octubre del 2016, Raúl Cervantes tomó protesta como procurador, por lo que era muy probable que fuera el primer Fiscal General.
- El 29 de noviembre del 2016, el presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa para que el procurador no se convirtiera en automático en Fiscal. Los legisladores no la procesaron.
- Para marzo de este año, el PAN condicionó la elección del fiscal anticorrupción a que se eliminara el pase automático.
- En septiembre, el PAN bloqueó la instalación de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, para impedir el pase automático.
- El 5 de septiembre era la fecha límite para la permanencia de la entonces presidenta de la Cámara, Guadalupe Murguía. El PRI no alcanzó los votos para que José Carlos Ramírez asumiera la presidencia, y se detuvo el reloj legislativo.
- La situación se destrabó cuando acordaron quitar el pase automático.
- El 16 de octubre, Raúl Cervantes renunció a la PGR.
ADVIERTE EXPERTO ESPAÑOL QUE HAY CORRUPCIÓN TRADICIONAL Y MODERNA
México tiene un “problema grave” de corrupción que se nutre de un sistema “tradicional” y “moderno”, ambos vinculados al crimen organizado y al lavado de dinero, aseguró el fiscal de la Sección Penal del Tribunal Supremo de Excedencia de España, Carlos Castresana.
“Creo que ustedes, como casi todos los países de Latinoamérica, tienen manifestaciones de las dos corrupciones, la tradicional y la moderna. Tienen también presencia, obviamente que no necesito explicarlo, del crimen organizado y lavado de dinero. Tienen un problema grave”, dijo durante el foro Cambio Cultural en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
El sistema de corrupción “tradicional”, explicó, comienza con el individualismo, ligado a la pobreza, subdesarrollo, al cohecho y malversación.
“La corrupción tradicional viene desde tiempos históricos, la que ha estado presente prácticamente todo el siglo XX, predominando la corrupción de la malversación de los caudales públicos y la de los sobornos. El cohecho del funcionario público que pide unas cantidades al ciudadano, que no tiene por qué pedirle por hacer lo que le corresponde”, detalló.
La corrupción moderna, explicó Castresana, es una estructura vinculada a la relación de empresas y autoridades: abuso de información privilegiada, tráfico de influencias y financiamiento ilegal de partidos políticos.
Castresana consideró que los problemas de corrupción del país deben ser alarmantes porque pueden afectar sectores económicos.
En el foro, Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que es necesaria la cooperación de todos para mejorar la impartición de justicia en el país.
“Necesitamos en nuestro país la colaboración de todos para lograr un cambio cultural, para que la nueva normatividad, los nuevos procedimientos y las nuevas instituciones produzcan el resultado procurado”, comentó Higuera Bernal.
Gerardo Laveaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), dijo que al entrar en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal se ha detectado un incremento en los amparos promovidos por los imputados, lo que demuestra una resistencia a la impartición de justicia.
“Algunas de estas resistencias son descomunales, han implicado una proliferación de amparos, una figura que tiene que ser revisada si aspiramos a tener un México más igualitario”, dijo Laveaga.
En el evento, los panelistas también hablaron sobre la falta de Unidades de Medidas Cautelares (Umecas), así como de controles para dar seguimiento a las medidas que determina un juez en contra de una persona que ha sido imputada o sentenciada.
“ESCÁNDALOS DE POLÍTICOS SE ACUMULAN”
México vive un momento muy delicado, pues en medio del proceso electoral y escándalos de deshonestidad de funcionarios y partidos, la gente exige ponerle fin a la corrupción, consideró Edna Jaime.
La presidenta de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) destacó además la falta de titulares en la PGR, la Fepade y la Fiscalía Anticorrupción.
“Los escándalos de deshonestidad de los funcionarios de todos los órdenes y políticos de todos los partidos se van acumulando día tras día. La indignación y la frustración son cada vez mayores”, exclamó.
La gente, expuso, no percibe una respuesta a esta situación, por lo que los integrantes de la Comisión de Selección se comprometieron a elegir al mejor perfil para el Comité de Participación Ciudadana del SNA, en sustitución de Jacqueline Peschard, quien termina su mandato el 9 de febrero.
La Comisión de Selección lanzó ayer la convocatoria para elegir un nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA.