Tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ana Lilia Herrera, revivió una iniciativa de reforma para castigar penalmente la corrupción en materia de desarrollo urbano.
Este jueves, presentó una excitativa donde exhorta a todas las fuerzas políticas de la cámara a no posponer el tema y a apoyarlo.
“Para tener como botón de muestra, tan sólo en la Ciudad de México, se han registrado más de 3 mil edificios severamente dañados”, indicó.
“Se ha detectado que cuatro de ellos eran de reciente construcción y tres más fueron remodelados, presumiblemente sin cumplir con la norma ni considerar los estándares requeridos en una zona lacustre, de alta sismicidad, como lo es la Ciudad de México”.
Dijo que las empresas o particulares que construyeron edificios en los últimos 20 años y que colapsaron o fueron afectados, tendrán que asumir las consecuencias por no cumplir con la normatividad vigente.
“Queda pendiente hacer exigible y sancionar a los funcionarios, pero también a las constructoras que incumplan con la legislación en la materia.
“En el Poder Legislativo, requerimos actuar con firmeza, requerimos que la ley castigue la corrupción, pero también castigue la omisión; acabar con el lastre de impunidad en esta materia, que ha cobrado cientos de vidas”.
La iniciativa de la senadora priista, que desde 2015 permanece en comisiones, propone reformar el Código Penal Federal para imponer penas de dos a 10 años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa, a quien realice construcciones sin la autorización debida e inhabilitar a los funcionarios que las autoricen.