- El proyecto promovido por el secretario local, Eduardo Vázquez Martín, se plantea como un paraguas que dé cobijo a las leyes existentes
La Secretaría de Cultura de la Ciudad La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México busca sumar una nueva ley a las ya existentes en la capital en materia de cultura.
Luego de la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México y la inclusión de los derechos culturales en el documento, la dependencia que encabeza Eduardo Vázquez Martín convocó a un pequeño grupo –integrado por dos especialistas e integrantes de su propia administración– para redactar un documento base que sirva de guía a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en la creación de un nuevo estatuto sobre derechos culturales.
La propuesta quiere ser “una especie de paraguas” que dé cobijo a las leyes de Fomento Cultural, de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, de Fomento para la Lectura y el Libro y de Fomento al Cine Mexicano, a partir del reconocimiento de los derechos culturales.
El proceso, sin embargo, prefigura un escenario similar al que sucedió a nivel federal con la creación de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales: la competencia entre la propuesta de Vázquez Martín y la del asambleísta, Alfonso Suárez del Real, presentada el 29 de agosto pasado.
Ambas propuestas están en manos de la Asamblea Legislativa quien espera discutir la creación de un documento final en octubre próximo y aprobarlo antes de que termine la actual administración.
El planteamiento de la Secretaría de Cultura, sin embargo, cuenta con un acuerdo previo con Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea para tomar como base el documento que se elaboró con apoyo del abogado Jorge Sánchez Cordero y el especialista en legislación cultural, Bolfy Cottom, así como “propio equipo de la Secretaría de Cultura” (Martín Alejandro Levenson y Alejandro Salafranca).
“Con Leonel Luna se acordó: bueno vamos a pensar que ese es un equipo asesor, no va a ser una iniciativa del Ejecutivo, sino ustedes nos dan insumos, los tomamos, los cambiamos, los pensamos en nuestra técnica jurídica y los procesamos, para un poco saber qué es lo que estamos construyendo, no es la propuesta de la Secretaría sino es darle un insumo al legislativo.
Lo platicamos con Leonel, luego en la Comisión de Cultura y acordamos que nosotros trabajaríamos en ese primer cuerpo que les pasaríamos a los legisladores para que piensen en las mejores alternativas”, acepta Vázquez Martín en entrevista.
La necesidad de plantear una nueva ley que rija los derechos culturales en la Ciudad de México surgió luego de la promulgación de la Constitución de la capital. “Porfirio Muñoz Ledo como responsable de la reforma del estado (sic), me habló y me dijo: ‘pues ahora hay que pasar a la armonización legislativa, es decir, esta Constitución tiene implicaciones para todas las leyes, en todos los ámbitos’”, recuerda el funcionario.
La Constitución contempló por primera vez un catálogo de diez derechos culturales que era preciso hacer efectivos.
La discusión, dice Vázquez Martín, no era nueva en la ciudad. Aquí ya se había impulsado la creación del Libro verde para la institucionalización del Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México y era un referente la Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales de 2007, incluso cree que la reciente creación de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales a nivel federal fue una respuesta a la inclusión de estos derechos en la Constitución local: “yo creo que el cambio en la legislación federal se da porque la Constitución de la ciudad pone un ejemplo que hace inevitable que el catálogo de derechos culturales quede también en la Ley General de Cultura, hay un antecedente de sólo cuatro, seis meses entre la Constitución y la Ley”.
NO CREO EN UNA LEY DE LEYES
La propuesta de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para la nueva ley se centra exclusivamente en los derechos culturales a partir de la Constitución de la CDMX y los tratados internacionales; plantea la creación de un cuerpo interno en la dependencia encargado de vigilar el cumplimiento de los derechos culturales en todo el gobierno capitalino; impone sanciones para quien no acate el cumplimiento de los derechos; crea un marco legal más general sobre los derechos culturales y no abroga la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, como plantea la propuesta de Suárez del Real.Eduardo Vázquez Martín dice que no hay competencia entre su propuesta y la del asambleísta: “aquí nadie se va a inmolar artículo por artículo, palabra por palabra, es un ejercicio intelectual, no son posiciones históricamente encontradas”, pero sí considera la de Suárez del Real como una propuesta abarcadora, que busca legislar temas que ya están en otras leyes: “ya hay leyes, la Constitución es avanzadísima por ejemplo en cuestión de temas indígenas, no creo en una ley de leyes que tenga que hablar de todos estos temas porque se convierte en un aparato pesado, ilegible y quizás impracticable, poco efectivo”.
La Ley de Cultura y Derechos Culturales de la Ciudad de México, presentada por Suárez del Real, comprende 94 artículos y fue preparada entre el asambleísta y el promotor cultural Arturo Saucedo, quien fue señalado en 2010 por contratar a su socio mientras se desempeñó en un cargo público en el extinto Conaculta.
Además de los derechos culturales, se refiere a la coordinación con la federación y las alcaldías de la ciudad, del patrimonio cultural, de los estímulos a la creación, del consejo de la crónica, entre otros temas.
“La conclusión es que hay que crear una Ley de Derechos Culturales y no abrogar la Ley de Fomento, aquella ley fue parte de un proceso social complejo y yo puedo constatar que es una ley efectiva que nos ha permitido trabajar. Este proyecto propone un paraguas que es la ley de derechos culturales que funciona porque le da cobijo a estas cuatro leyes que son efectivas y positivas.
La de Alfonso abroga la Ley de Fomento y algunas cosas se repiten mucho, por ejemplo, el tema del 2% del presupuesto destinado a la cultura que ya está en la Ley de Fomento”, dice Vázquez Martín.
El secretario de Cultura piensa que quizás sea necesario reformar las leyes que ya existen, pero no eliminarlas, y encuentra más diferencias entre su propuesta y la que presentó el asambleísta: “Alfonso va mucho a la definición de las políticas y los programas, ‘esto hay que hacerlo así’.
Yo pienso, por mi experiencia de funcionario, que finalmente eso es lo que más cambia, que la ley tiene que ser más general, porque cada generación responde a la misma pregunta de manera diferente, llegar a un punto de precisión hace que envejezca más rápido; mientras ésta apuesta más en la exigibilidad de ciudadanía, la de Alfonso se orienta más en lo que tiene que hacer el gobierno”.
Para el antropólogo Bolfy Cotom, la propuesta de Alfonso Suárez del Real es una “mala copia” de la propuesta que hizo el Consejo orientador de la Cámara de Diputados para crear la Ley General de Cultura federal y que al final fue prácticamente desechada por la Consejería Jurídica de la Presidencia.
“Me resulta ya con un nivel de incomprensión, ya no entiendo la lógica que se sigue, me parece que lo valioso de un proyecto no deriva en su premura o en su tamaño, en la cantidad del articulado, sino que desde mi punto de vista, una legislación para la Ciudad de México tiene que contener una propuesta nueva, y en este caso, lamento mucho que sea una muy mala copia del documento que hizo el llamado Consejo orientador”, opina.
“Hasta el nombre copiaron de la ley aprobada en el Congreso de la Unión, es prácticamente el mismo contenido; la figura de la Reunión Nacional de Cultura la toman para la Ciudad de México y me da la impresión de que no tomaron en cuenta, o no les importó, muchos temas como el de patrimonio cultural, que hay una controversia que interpuso la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República contra la Constitución.
Me queda claro que invaden atribuciones del INAH, me gustaría saber a quién consultaron; en el tema, por ejemplo, de las probables faltas o delitos es prácticamente nulo, una ley que no obliga no es ley, es un código ético”.