Una investigación a cargo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el encargado de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes Andrade, tiene registrado un Ferrari —de un valor de 4 millones de pesos— en un domicilio “fantasma”: una casa deshabitada en el estado de Morelos.
MCCI consultó los datos del Registro Público Vehicular y descubrió que el automóvil de lujo, un Ferrari 438 Coupé, modelo 2011 de 8 cilindros, y cuyo costo alcanzaría para pagar un día de salario mínimo a 50 mil mexicanos, se registró el 14 de septiembre del 2012 en el domicilio Paseo de la Lealtad número 46 en Xochitepec, a unos 20 kilómetros de Cuernavaca.
La investigación también reveló que el Ferrari no es el único automóvil registrado en «la misma casa en la que se registró su auto», sino que además hay otros tres autos inscritos a nombre de otras personas: un Audi RS5, un Alfa Romeo 8C Competizione y un auto de la marca Ford.
Por si no fueran suficientes las opciones para trasladarse, en el número 30 de la misma calle, Paseo de la Lealtad, se registraron otros ocho automóviles (Ferraris y un Hatchback), mientras que en el número 40 también se dieron de alta tres, que suman un valor de poco más de 14 millones de pesos.
Los automóviles no sólo están registrados a nombre del Procurador y futuro titular de la Fiscalía General de la República, el empresario Luis Alfredo Rayet Díaz, dueño de una compañía de aviación, también ha echado mano de los domicilios deshabitados de su conocido.
Al consultar a la Procuraduría, MCCI también descubrió que, además de que Cervantes sí tiene registrado un domicilio en Morelos, suele tramitar las placas de sus vehículos ahí mismo y eso «lo ha hecho durante varios años».
El registro se completó precisamente, nueve meses después de que el estado de Morelos eliminara la tenencia y sólo dos semanas después de que Raúl Cervantes se convirtiera en senador del PRI.
Enrique Peña Nieto y muchos adeptos del PRI promueven a Andrade para que se quede con el poder una vez que la PGR se transforme en la Fiscalía General de la República hasta el año 2026; un movimiento de piezas que la oposición toma como una medida presidencial para proteger los intereses de los líderes y partidos que dominen en el futuro.