Con el fin de establecer acciones interinstitucionales para atender y prevenir la violencia contra las mujeres migrantes, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa de reforma al artículo 36 de la Ley de Migración para el Estado de San Luis Potosí.
Con esta modificación, se busca la realización de acciones interinstitucionales coordinadas entre el Instituto de las Mujeres del Estado, y el Instituto de Migración y Enlace Internacional del Estado, que permitan atender el rubro de la prevención de la violencia contra las mujeres migrantes.
Señala en su exposición de motivos, que de acuerdo a la propia Constitución Federal, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, en donde todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Por lo tanto, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
Agrega que de acuerdo con la ONU, la violencia contra la mujer impide alcanzar la plena realización personal, restringe el crecimiento económico y obstaculiza su desarrollo.
La actual Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias ha señalado que, si bien la migración de las mujeres como trabajadoras o como miembros de hogares transnacionales les ofrece la posibilidad de tener poder de decisión acceso directo a las normas internacionales de derechos humanos, también se han observado las tendencias opuestas.
En numerosos países, las mujeres migrantes también se enfrentan a la discriminación por motivos de raza y origen étnico o nacional, a la imposibilidad de obtener servicios sociales o a un limitado acceso a dichos y a un incremento de la violencia doméstica. Las mujeres indocumentadas o carentes de la condición de inmigrantes legales corren un riesgo aún mayor de violencia y tienen menos posibilidades de obtener protección o reparación.
Esta iniciativa se encuentra en análisis en las comisiones de Asuntos Migratorios; y, Derechos Humanos, Igualdad y Género.