El Ayuntamiento que preside el Alcalde Ricardo Gallardo Juárez se suma al Sistema Nacional Anticorrupción con el fortalecimiento de la Contraloría Interna Municipal, para garantizar no sólo la legalidad de su actuar, sino que se blindará y legitimará su quehacer en beneficio de la sociedad potosina
Luego que el Cabildo aprobó las reformas al Artículo 126 del Reglamento Interno del Municipio, el titular de esta área capitalina, Enrique Alfonso Obregón, dijo que con ello se armoniza la legislación local con las modificaciones que se han hecho al artículo 113, entre otros trece artículos más, de la Constitución Política Mexicana, con la única finalidad de conformar el Sistema mencionado.
“De esta forma, el Gobierno capitalino cumple con esas modificaciones para estar acorde a los cambios que también que se hicieron en normas secundarias como la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipio de San Luis Potosí, la que establece que al interior de las Contralorías se deberá contar con tres áreas: una investigadora, una substanciadora y una resolutoria, las cuales serán independientes para darle mayor objetividad, claridad y legalidad”.
Con estas nuevas áreas, añadió, de los órganos de control interno se legitima su trabajo, se blinda contra posibles juicios de nulidad que interpongan las personas que se sientan invadidas en su actuación, pero a la par se les dota de elementos y herramientas para investigar y sancionar a los servidores públicos que cometan infracciones y actos de corrupción en la administración pública municipal.
El Contralor Interno calificó como un reto esta manera de trabajar, “sin embargo, es importante aclarar que al interior de la dependencia a mi cargo, ya se realizaba algo similar aunque no estaban delimitadas como lo marca en la actualidad la ley, no obstante, se harán las readecuaciones ya que la Oficialía Mayor tendrá que realizar los nombramientos de quienes serán responsables de estas tres áreas que se establecerán”.
Detalló que también se deberán dividir las faltas en graves y no graves, las primeras al ser detectadas se turnarán al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; las segundas se investigarán, se substanciarán y resolverán en la Contraloría Interna.
