Cuatro de cada 10 arrestos que se realizan en el país, ocurren sin una orden de aprehensión, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (EPOL), elaborada por el INEGI, que revela la grave corrupción que existe en el sistema penitencial de México.
La encuesta se levantó del 31 de octubre al 9 de diciembre del año pasado. Este sondeo se realizó al interior de cada centro penitenciario y se practicó cara a cara entre un entrevistador y una de las personas privadas de la libertad.
El marco muestral fue de 211 mil personas, de ellas, 5 por ciento fueron mujeres, y el sondeo consideró una muestra total de 64 mil 150 reclusos.
En cuanto a corrupción, 66.4% de las personas entrevistadas dijo que pagó por exentar el pase de lista en su centro penitenciario, 50.2% dijo que pagó para tener aparatos eléctricos, 26% pagó por dispositivos de comunicación, 28.7% por recibir comida y 17% por recibir protección.
Otros datos que arrojó la encuesta fue que sólo 19.8 por ciento de la población privada de la libertad en 2016 logró contactarse con un abogado en su presentación ante el Ministerio Público y 24.3 por ciento recibió amenazas o presiones para declararse culpable; en tanto que 45.7% fue declarado culpable De la población privada de la libertad, 31.9% se sintió insegura en el Centro Penitenciario donde está internado y 19.1% al interior de su celda, reveló la encuesta.
Durante 2016, el 21.5 por ciento de las personas detenidas fue «sustraída de un lugar privado, sin una orden de detención».
En ese mismo año, el 75.6 por ciento de la población que fue privada de la libertad sufrió algún tipo de violencia psicológica al momento de su arresto; el 58.3 fue incomunicada o aislada al momento de su arresto y 52.5 por ciento, «amenazada con levantarle cargos falsos por parte de la autoridad que realizó el arresto.
Este ejercicio estadístico del Inegi registró que en México existe una tasa de 173 personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes. Entre la población que habita en los centros penitenciarios del país, 68.1 por ciento tenía en 2016 entre 18 y 39 años, 94.1 por ciento sabía leer y escribir, y 72.1 por ciento tenía estudios de educación básica.
La ENPOL estimó que 29.6 por ciento de la población privada de la libertad se encontraba en proceso de recibir sentencia. Y el 39.3 por ciento fue condenada por el delito de robo.
Sobre el 29.6% de personas que se encontraban en proceso de recibir su sentencia, la ENPOL informó que el 68.9% está recluida por delitos del fuero común, en tanto que 34% por delitos del fuero federal..