La Real Federación Española de Futbol (RFEF) pagó, mediante un contrato a dedo, 36,5 millones de euros, entre 2009 y 2016, a una empresa por suministrarle camisetas para árbitros que no se usaban por su mala calidad y que pagó a cambio comisiones a Ángel María Villar y Juan Padrón.
Este es uno de los aspectos que investiga el juez Santiago Pedraz en el caso contra el presidente de la RFEF, en prisión desde ayer por lucrarse desde hace al menos ocho años con fondos de la federación.
Se trata de la concesión a la empresa Estudio 2000 de un contrato para proveer material deportivo a la RFEF del que se benefició el vicepresidente económico de la federación, Juan Padrón -también en prisión-, «arropado», dice el juez, por el propio Villar.
A cambio de dar el contrato a la empresa, tanto Padrón como Villar desviaron parte de los fondos federativos a su patrimonio particular a través de operativas societarias complejas, explica el juez en el extenso auto de prisión.
El magistrado indica que no consta que la adquisición de ropa deportiva a Estudio 2000, dirigida a vestir al colectivo arbitral por la RFEF y a las selecciones de las federaciones territoriales, se haya ofertado «respetando principios de competitividad».
Así, Estudio 2000, cuyo dueño, Vicente Bernad Vico, es amigo de Padrón, recibió a dedo 36 millones 534 mil 336 euros entre 2006 y 2016 por suministrar este material, que resultó ser de tan mala calidad que los árbitros no lo usaban, según se extrae de un correo electrónico contenido en el sumario.
La empresa, que desde 2013 «subsiste exclusivamente gracias a la RFEF», entidad que supone el 99% de su facturación, tenía a fecha 31 de diciembre de 2016 casi 15 millones de euros en sus cuentas, detalla el juez en el auto.
Del sumario de la operación Soule se concluye además, dice Pedraz, que la RFEF hacía pagos a Estudio 2000 «desde mucho antes del período en estudio», es decir, el año 2009, y también que «trabajan con retraso y se le adelanta un elevado porcentaje del pago anual total antes de que entreguen las prendas deportivas de la marca Pony, cuyo precio está sobrevalorado».
De hecho, el juez refleja en el auto un cuadro con un estudio de lo que habrían costado las prendas de haberlas encargado directamente a la empresa que se las vendía a Estudio 2000 y resulta una diferencia de 5 millones de euros que la RFEF, dice Pedraz, se podía haber ahorrado. A cambio de estos contratos, los implicados en la trama cobraban comisiones a través de la empresa de Padrón Tenerife Sport, que cobró entre 2009 y 2011 casi 700 mil euros de Estudio 2000.