La principal amenaza que enfrentan en su labor los periodistas en nuestro país, está relacionada a las actividades del crimen organizado, pero también por agresiones infligidas por servidores públicos, reconoció en San Luis Potosí, Roberto Campa Cifrián, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación.
Fue durante la inauguración del Curso de Capacitación para la Conformación de Unidades Estatales de Atención para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, donde el funcionario, refrendó el compromiso del gobierno federal, por establecer las bases jurídicas y acciones necesarias que garanticen la libertad para ejercer el periodismo, así como la defensa social.
Mientras tanto, el gobernador del estado Juan Manuel Carrera López, señaló que los estados democráticos están obligados a garantizar la seguridad para aquellas personas que están dedicadas a la consolidación de la libertad de expresión y defensa de los derechos humanos.
Dijo que esa es una cualidad que debe prevalecer en todo momento y sobre todo en la vida democrática del país.
Además el mandatario potosino, también refrendó el compromiso de su gobierno, para consolidar esta cualidad democrática, inherente a la expresión de la tolerancia en la sociedad.
A este evento, asistió Roberto Campa Cifrián, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, así como el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, donde se informó que este curso tendrá una duración de 40 horas y estará compuesto de cinco módulos en el que participan 159 servidores públicos de las 32 entidades federativas.
Se destacó que para el fortalecimiento, equipamiento y consolidación de esas Unidades Estatales, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, serán etiquetados los recursos públicos necesarios.
El gobernador Juan Manuel Carreras, expuso que este curso, no sólo permitirá la creación de las respectivas unidades estatales, también la generación de un mapeo de riesgos para atención especializada; la creación de un Protocolo Nacional y la definición de una metodología homolo-gada a la del orden federal, resultado del acuerdo formulado por la Conferencia Nacional de Gobernadores en el mes de mayo pasado.
Ese acuerdo fue resultado de una circunstancia nacional, en la que siete periodistas y un defensor de los derechos humanos, fueron asesinados. Además se señaló que la entidad potosina es una de las pocas en México que han permanecido ajenas, a esa dinámica de violencia y agresiones.
