Investigan en comisiones desvió de 22.5 mdp de Mario García

El Contralor Interno del Ayuntamiento de la Capital, Enrique Alfonso Obregón fue al Congreso del Estado a solicitar avances de la investigación que hay en contra de funcionarios de la pasada administración municipal encabezada por Mario García Valdez por un desvió de 22.5 millones de pesos
El funcionario municipal presentó un escrito en Oficialía de Partes para solicitar un informe detallado, sobre el avance de los dos procedimientos de responsabilidades que se interpusieron en contra del ex alcalde Mario García Valdez y el ex tesorero José Bolaños Guangorena, por el presunto desvió de recursos públicos.
Dijo que el asunto se turnó a las comisiones legislativas de Vigilancia y Gobernación, a fin de que se sigua con las investigaciones, tomando en cuenta que la Contraloría Interna del Ayuntamiento de la Capital, se sustanciaron en torno a dos expedientes vinculados con los recursos que debieron ser destinados al proyecto de Conaculta, así como a las obras del Jardín Colón donde se debieron haber aplicado recursos por 17.5 millones de pesos, sin embargo fueron desviados por instrucciones del ex alcalde Mario García.
Enrique Alfonso Obregón manifestó que ambos procedimientos se sustanciaron, porque dentro de las investigaciones se señaló al ex alcalde Mario García Valdez, como responsable de haber dado la instrucción de haberse desviado los recursos a otros fines.
Expuso que presentaran dos procedimientos más que involucran a personal de la tesorería municipal, sin embargo, no han sido presentados en virtud de que no se ha podido localizar a uno de los implicados para notificarle, mientras que otros tres involucrados se encuentran bajo proceso de audiencia. Aunque en lo que se refiere al funcionario ilocalizable se recurrirá a un edicto para integrar debidamente el expediente y cumplir con todos los requisitos.
Añadió que tomando en cuenta que la Contraloría Interna, no tiene atribuciones para presentar una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado, se turnó a las áreas de sindicatura, para que sean estas quienes procedan y posteriormente la Procura-duría determine si existen elementos para aplicar las sanciones correspondientes.