Las diputadas del PAN María Luisa Sánchez y Minerva Hernández, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley General de Protección Civil para atender oportunamente a municipios de alto riesgo y de limitaciones económicas, con tareas de prevención, supervisión y capacitación del personal antes de una catástrofe y no hasta que se liberen recursos del Fondo Nacional De Desastres Naturales
En la presentación de la propuesta ante la Comisión Permanente, la legisladora Minerva Hernández afirmó que la propuesta contempla que con su aplicación “se estarían salvando vidas, protegiendo la infraestructura de las comunidades, los bienes públicos, así como garantizar la continuidad de los servicios básicos para el bienestar social”.
Destacó que, si es aprobada la iniciativa, el gobierno de la República tendría las suficientes posibilidades para intervenir oportunamente y evitar mayores estragos cuando el fenómeno ya ocurrió por no haber intervenido oportunamente, tras señalar que la distribución de los recursos para el Sistema Nacional de Protección Civil, el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, no es la más la adecuada.
La legisladora por el estado de Tlaxcala recordó lo sucedido en Cuernavaca, Morelos, en octubre de 2016, cuando la Dirección de Protección Civil se declaró incapacitada para realizar acciones inherentes a la protección civil, dejando en el desamparando a sus habitantes, por falta de un marco legal que impida mayores daños materiales y humanos
También se refirió a lo sucedido en algunos municipios de Baja California, donde hubo pérdidas humanas y daños materiales cuantiosos por no contar con los protocolos para desastres naturales como han padecido poblaciones de esa entidad que hubieran evitado tragedias, como fue el sismo ocurrido en abril de 2010.
Dio a conocer que para acceder a los recursos se tendría que cumplir con los siguientes requisitos: ubicar los municipios en situación de emergencia para tener acceso a recursos, los gobiernos estatales deberán reportar la situación financiera de las áreas de Protección Civil de su ayuntamiento y establecer el municipio o entidad que se declare incapacitado para operar ante una eventualidad de emergencia.