Sin negar que la situación de violencia que se vive en el país ha llegado al punto de tener que reforzar los mecanismos de seguridad para periodistas y defensores de derechos humanos, el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Roberto Campa, asegura que no es el peor momento por el que atraviesan estos gremios.
En entrevista con un Diario de circulación nacional, dice que en los primeros cuatro años de la pasada administración, la que encabezó el panista Felipe Calderón, hubo más periodistas que perdieron la vida en comparación con el sexenio actual y al menos en el último año del también panista Vicente Fox, se contabilizó a 10 periodistas muertos.
¿Qué análisis hace sobre el tema de las agresiones a periodistas?
—Primero diría que me parece que este análisis hay que hacerlo en el contexto de la violencia que vive el país, de la violencia general y me parece que muchas veces no dimensionamos el reto enorme que significa para México enfrentar estas condiciones de violencia que están vinculadas básicamente con las drogas, con el trasiego de drogas a Estados Unidos y también cada vez más con la presencia de drogas y la batalla del narcomenudeo.
Conviene decir que no es tampoco el peor momento, si revisamos las administraciones anteriores, los primeros cuatro años de la pasada administración hubo más periodistas que perdieron la vida en comparación con esta administración. En el gobierno todavía de Vicente Fox la suma es menor, pero en el último año de Fox hubo 10 periodistas muertos, entonces se trata de una realidad que venimos arrastrando desde hace tiempo.
¿Muertes en el contexto de la violencia?
—Claro. Este fenómeno de violencia comienza en la parte final de la administración del presidente Fox, se recrudece de manera muy importante en la administración anterior, recordemos que el gobierno pasado recibió con alrededor de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes, que esa es la frontera que marca el límite permitible, la Organización Mundial de la Salud señala que por encima de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes la situación de violencia es una epidemia. Felipe Calderón lo recibió con 10, lo entregó con 22, este gobierno arrancó con esos 22 y lo pudo bajar alrededor de 15 o 16; en el tercer año hubo un incremento en la última etapa que se explica a partir de ciertas variables: cambios de gobierno, una serie de situaciones que significan oportunidades para los delincuentes y que se está trabajando y confiamos en que habrá de regresarse a la tendencia y a la reducción para final de la administración.
¿Cuál es la respuesta que ustedes encuentran en relación a los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos?
—Los periodistas, sobre todo en las regiones más violentas del país, desempeñan su tarea asumiendo riesgos porque informar significa ponerlos en riesgo. Y aunque ellos han intentado en algunos casos, de manera explícita, estar al margen de las disputas de los grupos en las regiones, muchas veces con un carácter meramente informativo, significa respaldar la posición de un grupo, de dar a conocer un evento que éstos además perpetran también con una intención de propaganda. Cuando una organización de la delincuencia no solamente priva de la vida a personas sino que además las expone públicamente, muestra cuerpos mutilados, lo que hace es una intención de propaganda y muchas veces los medios que dan a conocer esta información con este criterio noticioso saben que corren un riesgo, es una situación muy compleja, muy difícil y ese es el entorno en el que a nosotros nos corresponde, por lo que hace al Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas, cumplir con nuestra responsabilidad, ciertamente, en un entorno para los periodistas muy complejo.
Pareciera que la protección a periodistas no funciona.
—La falla principal es que no hemos sido capaces, como mecanismo, de ganar la confianza de los periodistas. Ninguno de los que ha sido privado de la vida ha formado parte de éste. ¿Qué se necesita para formar parte del mismo? Solicitarlo o permitir que brinde protección, porque hoy más de tres de cada 10 comunicadores que forman parte del mecanismo fueron incorporados a iniciativa del mismo. Éste tiene un sistema de monitoreo, a partir del cual se acerca con ellos, ya sea con las organizaciones que trabajamos y les pedimos que nos ayuden para que determinada o determinado periodista que advertimos está en riesgo, nos permita acercarnos, hacer un análisis, establecer las medidas para su protección y que puedan seguir desempeñando su tarea con la seguridad de que no les va a pasar nada.
Se dice que el mecanismo no funciona, pero puedo decir, por ejemplo, que en esta etapa a la que hemos hecho referencia, la cual ha sido difícil en los últimos meses, dos escoltas del Mecanismo han perdido la vida. Cumplieron con su tarea, salvaron la vida de las personas que estaban protegiendo.
¿Por qué no hay confianza?
—Los periodistas, por naturaleza, desconfían del gobierno y eso hace más difícil que se pueda dar este acercamiento. El otro tema es el de la justicia. El gran acelerador de estos crímenes es la impunidad. Los periodistas que han sido privados de la vida, en muchos de los casos han quedado en la burocracia o en el olvido y también los compromisos que asumió y anunció el Presidente de la República, los compromisos que asumió la PGR se refieren a cambiar los esquemas para garantizar que la Fiscalía de la PGR, que tiene que ver con libertad de expresión, y las fiscalías de los Estados reconozcan una realidad que además nos han expuesto los propios periodistas. Sobre todo aquellos que tienen asuntos en estas fiscalías y que nos han hecho ver un diagnóstico que obliga a un cambio y fortalecer estas instancias para garantizar que haya justicia. Estamos trabajando para tratar de cambiar estas condiciones.
¿La alerta es parte del fortalecimiento del mecanismo?
—Es parte de este fortalecimiento.
¿Esta alerta qué incluye?
—Lo que estamos haciendo con la alerta es construir juntos un diagnóstico para identificar en dónde tenemos los principales riesgos de violencia y qué es lo que lo genera, a partir de ello buscar cambiar esas condiciones.
Lo que hemos planteado, en el caso de periodistas, es que todas las entidades federativas hagan un esfuerzo para identificar quiénes son periodistas en su Estado que están en condiciones de riesgo: por lo que escriben, características de alguna región, por la línea de algunos medios y tratar de estar cerca y, en aquellos casos en los que se requiere tomar decisiones, hacerlo oportunamente.
¿Hay voluntad de los estados?
—Inmediatamente después de la reunión del Presidente con los gobernadores tuvimos una con los equipos de los gobiernos de los estados. El 26 de junio estaremos capacitando, en la Academia de la Policía Federal de San Luis Potosí, a quienes van a integrar las unidades de protección de periodistas y defensores de los derechos en los Estados. Hemos definido los perfiles que se requieren y las tareas que van a llevar a cabo; estos equipos, que son pequeños, no de burocracia nueva, se trata de gente que en este momento desempeñan tarea en equipos de los gobiernos de los Estados, la idea es que a partir de esta capacitación, la desempeñen con esta perspectiva y esta prioridad, y hagan algunas cosas adicionales que en este momento no hacen: un monitoreo que permite identificar en dónde tenemos riesgo con un periodista porque lo que también hemos identificado es que en todos los casos en donde hemos visto agresiones, ha habido focos que se han prendido y no hemos sido sensibles para identificarlos.
Por ello, los estados tendrán que tener estas áreas de monitoreo y la capacitación que daremos, entre otras cosas, será para quienes sean responsables de estas tareas. Se están también fortaleciendo las tareas de las fiscalías, esa parte le corresponde a la PGR, pero están también en un proceso.
Tras los anuncios del Presidente, se dieron nuevos casos de agresiones a periodistas, ¿A qué velocidad van?
—Estamos yendo a la velocidad máxima en la que podemos avanzar ahí y también en las investigaciones de estas agresiones. Hay un caso en donde ya se dio con los responsables, que es el caso de Baja California Sur. Sabemos que investigar eficazmente estos casos es un reto para el Estado, no solamente para el gobierno federal, porque son asuntos que se tienen que investigar con la participación de instancias locales.
Hoy advertimos incluso en el gremio de los periodistas, una preocupación que convoca a participar. Para nosotros representa una oportunidad esta convocatoria porque sería muy útil que pudiésemos tener interlocutores en un gremio que tradicionalmente ha estado poco unido y resulta difícil la discusión de la política pública el seguimiento la evaluación.
Vemos con muy buenos ojos que los medios están avanzando en este proceso de reflexión y de conformación de interlocuciones, de análisis de los temas que tienen que ver con libertad de expresión que se han puesto en la mesa, que están vinculados con la condición laboral de los periodistas, que es un tema también importante no sólo en términos de justicia laboral, es importante también en términos de seguridad de los comunicadores.
Muchas veces las y los informadores tienen que andar completando porque tienen condiciones muy irregulares en sus relaciones laborales, ese es un tema importante. Se ha planteado el tema que tiene que ver con la distribución de la publicidad oficial, creemos que es una oportunidad para hacer una revisión integral que signifique avanzar en los temas de justicia, en el asunto de protección y también avanzar en una revisión integral que tiene que ver con libertad de expresión. Entonces, ¿cada parte tiene que cumplir con su trabajo?
—Sin duda. Hay una parte, alguno de estos homicidios, nosotros identificamos en el mecanismo que había situaciones de riesgo, el caso por ejemplo, de Rubén Espinosa, hace ya varios meses. El mecanismo identificó el caso de Rubén Espinosa que había situación de riesgo cuando salió de Veracruz, y le pidió a organizaciones de periodistas que se acercaran con él para atraerlo al mecanismo, desafortunadamente muy poco tiempo después sucedieron estos hechos en la colonia Narvarte [Ciudad de México]. Uno de los casos importantes en esta etapa, el de Cecilio Pineda [Guerrero] que confiamos en que habrá resultados también pronto. Una parte de la protección nos corresponde a nosotros y asumimos plenamente, pero otra le corresponde a los periodistas.
¿Falta de prudencia?
—Nosotros trabajamos con el apoyo de Freedom House en seminarios, en talleres de autoprotección, una parte tiene que ver con este tipo de esquemas. No rehuimos a nuestra responsabilidad, pero sobre todo cuando un comunicador está en condiciones de riesgo, cuando él sabe que está en condiciones de riesgo, hay una parte que nos corresponde a nosotros, a la instancia que brinda la protección y hay una parte también que le corresponde a la propia persona.
¿El escrutinio internacional los presiona?
—Nosotros estamos totalmente abiertos al escrutinio internacional.
¿Cuánto financiamiento tiene el mecanismo?
—A diferencia de los programas presupuestales que tienen lo que se llama el principio de anualidad, y es que tienen que gastarse el recurso que se le aprueba en ese año y naturalmente si no tienen dinero no se lo pueden gastar porque no tendrán cómo hacerlo, el fideicomiso tiene una naturaleza distinta, no tiene principio de anualidad. Este año el fideicomiso tenía recursos al comenzar de alrededor de 200 millones de pesos y la determinación que se tomó, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue no darle recursos del presupuesto en la entrada, con la tendencia que ha tenido el mecanismo, ahora hemos hecho del conocimiento de Hacienda que requerirá recursos para los últimos dos meses del año, no será suficiente con los remanentes de los años anteriores, hay el compromiso de la Secretaría de Hacienda de que naturalmente habrá los recursos para estos dos últimos meses y habrá para el próximo año.
¿Cuánto van a destinar?
—Se van a requerir aproximadamente 20 millones de pesos mensuales para los dos últimos meses.
¿Para el próximo año entrará una partida en el presupuesto?
—Sí.
¿Cuántas personas están sujetas hoy al mecanismo?
—Andamos ahorita en 557. Hay poco más de 300 defensores y poco de 200 periodistas.
¿Qué van a dejar al término de la administración?
—El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas comenzó en la pasada administración, el proveedor de los servicios del mismo, fue contratado por el gobierno anterior, el actual no lo cambió y ha exigido que cumpla con el mayor nivel de eficacia de responsabilidad entendiendo lo que significa proteger a una persona. Los plazos son mucho más cortos que el término de esta administración.