El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, aseveró que legislar en materia de segunda vuelta en estos momentos, es inviable jurídica, operativa y logísticamente para el proceso electoral que se celebrará el próximo año.
Señaló que asegurar que sólo se requiere una modificación constitucional es totalmente erróneo, pues sería necesaria una revisión puntual del andamiaje institucional y legal para definir las normas, plazos y requisitos que regulen el procedimiento electoral en la celebración de una segunda vuelta.
El legislador federal advirtió que eso conlleva realizar un sinnúmero de inevitables reformas a cada uno de los ordenamientos legales que rigen la materia de partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales.
Explicó que sería necesario llevar a cabo modificaciones a la legislación secundaria, a nivel legal y reglamentario, en por lo menos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el Reglamento de Elecciones, y el Reglamento de Fiscalización.
Escudero Morales reiteró que el espíritu del legislador, en las reformas en materia política electoral, fue garantizar la certeza y seguridad jurídica de del actual proceso electoral.
Destacó que, respecto a la logística de dicho proceso, el diseño, la producción y el reparto de los documentos electorales requiere de, por lo menos 44 días a partir de que quedaran definidos los candidatos participantes en la pretendida segunda vuelta.
Asimismo, recordó que el resguardo de las boletas electorales es considerado como un asunto de seguridad nacional, lo que implicaría que la Secretaría de la Defensa Nacional pondría a disposición del Instituto Nacional Electoral (INE) personal militar para el traslado y custodia de las boletas por un periodo adicional de 35 días.
El presidente de la Cámara alta indicó que, respecto al sistema de impugnación, es imposible acortar los tiempos ya que en la pasada elección se valoraron más de 10 mil objetos probatorios en 40 días y hacerlo en menos tiempo es prácticamente imposible, por lo que se pondrían en riesgo las garantías procesales y sustantivas para el proceso electoral 2017 -2018.