Por costumbre, más que por disposición legal, este 7 de junio habrá de “celebrarse” el Día de la Libertad de Expresión en México, tradición –por llamarla de alguna manera- que inició en el gobierno del ex-presidente Miguel Alemán Valdés.
Desgraciadamente en nuestro país, la prensa mexicana vive, quizá, la más grave crisis de seguridad de la que se tenga memoria; el ejercicio periodístico se encuentra en una etapa en la que la salvaguarda de sus derechos está más ausente que nunca y, mientras en algunas entidades federativas continúan los homicidios, secuestros y desapariciones de periodistas, en Hidalgo se asoman cada vez con mayor frecuencia, acciones de intolerancia hacia el trabajo de los medios de comunicación.
Hace unos días, 38 medios de comunicación hidalguenses firmaron el desplegado #NiUnoMas #NoNosCallarán exigiendo garantías para ejercer su labor; de manera puntual, manifestaron peticiones de orden legal y al mismo tiempo expresaron su solidaridad a la prensa nacional, por la constante agresión y amenaza de la que es víctima, que pisotea la libre expresión y lastima a la sociedad.
En Hidalgo hace poco más de 37 años que no se registra el homicidio de un periodista, pero la vulnerabilidad gremial es enorme en el ámbito legal, por tener una ley de protección que resulta inservible sin el correspondiente reglamento; por carecer de un mecanismo que funcione conforme a la norma y porque para salvaguardar sus derechos, los comunicadores han tenido que recurrir a protocolos de autoprotección y botones de pánico que funcionan solo entre ellos.
La prensa hidalguense, como la de casi todo el país, está en la orfandad legal.
Y ello ha permitido el crecimiento de la intolerancia institucional; hace unas semanas el juez José Rogelio Alanís García, que anteriormente dio ingreso a una demanda por daño moral en contra del periodista Marco Cabañas de Ixmiquilpan, pretendió mediante la amenaza de imponer una multa, violentar el secreto profesional de la agencia de noticias News Hidalgo y su director Martín Hernández Hernández.
Hace unos días la periodista Concepción Ocádiz García de El Sol de Tulancingo integrante de OEM, fue víctima de amenazas contra su integridad, que la obligaron a acudir ante la Fiscalía Especial de Atención a Delitos en Agravio de la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR).
En Pachuca, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), Guillermina Vázquez Benítez, intolerante a la crítica, realiza sistemáticamente acciones de hostilidad hacia medios de comunicación y columnistas como Quadratín Hidalgo y Radar Político, incluso usurpando funciones de autoridades fiscales y, también en algunos municipios se registran hechos que no deben pasarse por alto.
En Tenango de Doria, trabajadores del alcalde Aldo Molina Santos amenazan al reportero Manuel Hernández Rodríguez del semanario AVANZANDO en Hidalgo y prohíben el trabajo de voceadores, si los periódicos que anuncian contienen información que no le guste; una situación así también se registra en el municipio de Francisco I Madero, donde el presidente municipal Pablo Lucas Guzmán Isidro, ha detenido y amenazado a voceadores del periódico Grito Informativo; adicionalmente, la reportera María Luisa Téllez, de La Voz de Acatlán, fue objeto de una agresión en ese municipio.
Pese a todo, ninguna autoridad levanta la voz para proteger a la prensa del estado, mucho menos su derecho al ejercicio periodístico; los diputados si han abordado el tema y lo han hecho en la tribuna legislativa, desgraciadamente sus propuestas, más que apoyar a la prensa local, parecen ser una burla hacia ella.