Este martes María de Jesús Almendárez Prieto víctima de acoso sexual por parte de su jefe inmediato Juan Martín Gatica Izaguirre cumple una semana de estar encadenada en las oficinas de la Oficialía Mayor, donde está exigiendo que se le regrese a su lugar de adscripción que es la Seduvop y que no se le sigan violando sus derechos humanos.
Almendárez Prieto lamentó que en lugar de victima parezca presa política y que las autoridades pese a las medidas cautelares que emitió la Comisión Nacional de Derechos humanos les sigan violando sus derechos humanos, y más grave que los funcionarios públicos como las diputadas locales Martha Orta Rodríguez, Dulcelina Sánchez de Lira y josefina Salazar Báez no les brinden apoyo.
Indicó que hasta el momento sólo Elías Pecina Rodríguez, titular de la Oficialía Mayor, se ha acercado a ella para confirmar que recibieron las medidas cautelares y la recomendación, las cuales se aceptaran pero tienen hasta el 7 de junio para dar cumplimiento.
Agregó que si es necesario se quedará hasta el 7 de junio, ya que sólo la podrán sacar en caso de que se ponga mal de salud y tenga que ir al hospital porque su estado actual no es bueno y temer tener una recaída.
Por su patte, María de Jesús Almendárez dijo que todas las autoridades han sido omisas, ya que las diputadas que dicen defender los derechos humanos y promover la alerta de género no se ha acercado y tampoco las activistas, que siempre pregonan “si tocan a una, responden todas” y jamás le han apoyado.
Finalmente, lamentó que el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado (Sutsge) sea el que esté por encima de la ley y no se puede hacer justicia porque Juan Martín Gatica Izaguirre es protegido de la lideresa Bernardina Lara Arguelles.
