Las víctimas de la masacre paramilitar de Mapiripán en Colombia rechazaron el sábado la decisión de dejar en libertad al general en retiro Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 37 años de cárcel por el hecho y quien se convirtió en el militar de más alto rango en beneficiarse con el sistema de Justicia Especial para la Paz (JEP).
“Es indignante porque él se hace pasar por víctima de un proceso en el que las víctimas somos nosotros. El general no ha dicho la verdad y no ha pedido perdón, y eso es lo que nosotros requerimos, que al menos nos dé la cara”, dijo a Blu Radio la vocera de los afectados, Marina Sanmiguel.
Según Sanmiguel, las víctimas instaurarán una acción de tutela (recurso de amparo) porque no fueron informadas de la decisión que cobijó ayer a Uscátegui.
El juez 21 de ejecución de penas de Bogotá concedió “el beneficio de la libertad transitoria condicionada y anticipada al condenado brigadier general Jaime Humberto Uscátegui Ramírez por cumplir con todos los requisitos para ello”.
Entre el 15 y 20 de julio de 1997 hombres de las hoy desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) irrumpieron en el municipio Mapiripán, del departamento del Meta (centro), y asesinaron a por lo menos 50 personas.
Por esa matanza la justicia colombiana condenó a Uscátegui Ramírez, quien al momento de los hechos era el comandante de la VII Brigada del Ejército.
El pasado enero el general pidió el beneficio de someterse a la JEP, que califica las conductas cometidas por los actores del conflicto armado bajo las normas del Código Penal Colombiano, el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Penal Internacional (DPI).
La JEP investigará, condenará y sancionará a los responsables de los delitos más graves como genocidio, secuestro, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual, delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH, prostitución forzada, esclavitud sexual, entre otros.