El gobierno del presidente Nicolás Maduro inició ayer formalmente el proceso para abandonar la Organización de Estados Americanos (OEA), al tiempo que miles de manifestantes marcharon hasta las cercanías de la cárcel donde cumple condena el líder opositor Leopoldo López en una nueva jornada de protesta contra el régimen.
La representante interina de Venezuela ante la OEA, Carmen Luisa Velásquez, se reunió con el secretario general de la entidad en Washington, el uruguayo Luis Almagro, a quien le entregó la carta en la que el gobierno formalizó su denuncia del tratado constituyente del bloque continental.
El documento llevaba la firma del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y comunicó “la indeclinable decisión de denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos”, que data de 1948.
Con la presentación del documento, Venezuela “da inicio al retiro definitivo de esta organización”, catalogándola como “instrumento infame al servicio de intereses hegemónicos imperiales”. Venezuela se convirtió así en el primer país en pedir salirse del organismo.
La diplomática indicó que la delegación venezolana ya no acudirá a las reuniones y eventos de la organización, lo que debe incluir los rutinarios Consejos Permanentes y la Asamblea General en junio en México.
Hasta el 28 de abril de 2019 el país seguirá formalmente integrado a la OEA, siendo hasta entonces objeto de las decisiones que tomen los otros 33 países miembros.
El viceministro venezolano de Exteriores para América del Norte, Samuel Moncada, afirmó que el país no regresará “nunca más” a la OEA y aseguró que la nación no tiene intención de abonar las cuotas que debe a la OEA, un monto total de 10.5 millones de dólares, ya que considera esos adeudos como una “humillación”. “Nadie me puede obligar a pagar”, afirmó Moncada.
Almagro ha llamado a suspender a Venezuela del organismo, pero ese proceso requeriría el voto de 24 países. En ese sentido, insistió ayer en que las “dictaduras no caen solas, sino a partir del desarrollo de dinámicas internas y de la presión regional”.
El secretario general de la OEA, quien califica al gobierno venezolano de “dictadura”, dijo que “la solución” a la crisis venezolana “no es el retiro” del país del organismo interamericano, sino “la democracia”.
Maduro, por su parte, acusó a Almagro de haber malversado fondos del organismo continental para agredir a la nación petrolera.
En tanto, miles de opositores al chavismo intentaron llegar a la prisión militar de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, a unos 20 kilómetros al sur de Caracas, donde el líder opositor Leopoldo López purga una pena de casi 14 años por promover protestas en 2014. Vehículos blindados ligeros y agentes de la Guardia Nacional bloquearon el paso y la marcha concluyó a unos cuatro kilómetros de la cárcel.
Al grito de “¡Fuera Maduro!”, los manifestantes caminaron y portaron centenares de banderas venezolanas por sinuosos y empinados caminos rumbo a la cárcel, la cual amaneció custodiada por decenas de efectivos de la Guardia Nacional con equipos antimotines y tanquetas. Se registraron también movilizaciones en todo el país hacia los centros carcelarios donde están recluidos los que se consideran presos políticos del gobierno, que se estima son 178.
“Todos tenemos que resistir”, dijo a la prensa Lilian Tintori, esposa de López, en las cercanías del penal, al denunciar que las autoridades le impidieron visitar al dirigente, quien aseguró que está “aislado” desde hace un mes.
La lista de opositores detenidos ha crecido durante las protestas callejeras del último mes en este país agobiado por una profunda crisis económica. Más de mil personas han sido detenidas en las manifestaciones, de las cuales 65 permanecen bajo arresto y otras 217 están a la espera de ser presentadas en los tribunales. La liberación de los presos políticos es una de las cuatro exigencias, además de las elecciones generales, la apertura de un canal de ayuda humanitaria y el respeto a la Asamblea Nacional controlada por la oposición.