La Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) pidió a 13 Departamentos de Sheriffs de Texas olvidar sus planes de aplicar la ley de inmigración, luego que solicitaron a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) capacitar a su personal para actuar como agentes migratorios en las cárceles locales.
La ACLU, una de las mayores organizaciones de derechos civiles en Estados Unidos, envió esta semana cartas a los 13 sheriffs en Texas, advirtiendo que los acuerdos de colaboración entre autoridades locales y el ICE bajo el Programa 287 (g), dañan la seguridad pública y la confianza de la comunidad y son onerosos para los condados.
Bajo la colaboración en el marco del Programa 287 (g), los agentes del Sheriff serían capaces de interrogar a las personas en la cárcel sobre su estatus migratorio e imponer detenciones a aquellos que se encuentren en el país sin autorización, a fin de que oficiales del ICE pudieran efectuar una deportación.
Actualmente sólo tres jurisdicciones de Texas mantienen tales acuerdos, pero la administración del presidente Donald Trump ha solicitado una ampliación del programa.
“Con ICE realizando redadas en las escuelas y en las Cortes, las comunidades de inmigrantes ya están a la zaga”, dijo Astrid Domínguez, estratega de política de la ACLU de Texas. Domínguez aseguró que el programa 287 (g) provocaría que las víctimas y los testigos de un crimen no denunciarán por temor a ser detenidos.
La semana pasada, el jefe de policía de Houston, Art Acevedo, anunció que las denuncias de violaciones y delitos violentos cometidos contra hispanos habían caído desde que Trump tomó posesión del cargo.
El sheriff de Harris, Ed González, recientemente terminó su contrato con el Programa 287 (g), citando un costo anual de 675 mil dólares.
El sheriff del Condado de Jackson, Andy Louderback, quien organizó los 13 condados para solicitar el programa, dijo que su objetivo es proteger al público asegurándose de que ningún inmigrante criminal sea puesto en libertad.
“Si tengo nacidos en el extranjero en mi cárcel, necesito saber con qué estoy lidiando”, dijo Louderback.
La ACLU sostiene que el programa no se enfoca en criminales peligrosos y apunta a un estudio de 2011 que encontró que la mitad de los objetivos bajo el Programa 287 (g) fueron acusados de delitos menores.