La activista, historiadora y antropóloga de la educación, Oresta López Pérez lamentó que pese a que ha incrementado la violencia feminicida, autoridades estatales y federales sigan paralizando las solicitudes de alerta de género a nivel nacional debido a que no quieren comprometerse a reconocer la gravedad del problema.
Dijo que según datos extra oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de septiembre del 2016 a enero del 2017, se han presentado por lo menos 27 casos de feminicidio en el estado.
Agregó que esta situación es lamentable por eso a través de la Mesa Ciudadana de Análisis y Seguimiento del proceso de solicitud de alerta de violencia de género, se ha cuestionado la simulación y la actitud del gobierno de San Luis Potosí, donde aparentaron que iban a solicitar una alerta de violencia de genero al inicio del gobierno de Juan Manuel Carreras López.
“Lo cierto es que han hecho todo lo posible porque se detenga esta alerta de género y no es solo una simulación local sino nacional, están paralizando las solicitudes de alerta de genero a nivel nacional porque no quieren comprometerse a reconocer la gravedad del problema, esa es la verdad”, dijo.
La también investigadora del Colegio de San Luis dijo que pese a esto seguirán insistiendo que la alerta de género para San Luis Potosí urge, así como la instalación de una fiscalía para la atención de violencia contra las mujeres, que se creen centros de justicia para mujeres que brinden una atención integral al problema de la violencia contra las mujeres, que se elaboren los protocolos para la activación de la alerta alba en el estado y que se active el trabajo de la comisión interinstitucional para prevenir y erradicar la trata de personas.
“Resulta que en el tema de feminicidio, en el tema de trata de personas, sigue siendo afectado un grupo de mujeres jóvenes de nuestro estado y por otro lado tenemos autoridades que minimizan el problema tanto del feminicidio como de trata, minimizan el tema de desapariciones que además es tan evidente porque las personas desaparecen y no se les da el seguimiento, las familias siguen esperando, por lo tanto San Luis tiene muchos pendientes en términos de política pública para generar para las mujeres una situación de mayor seguridad y derecho a vivir sin violencia”, afirmó la investigadora.
