Al iniciar  ayer el mes Internacional de la Mujer, Jalil Chalita Zarur exigió un alto a la pandemia de violencia de género en San Luis Potosí, luego de  considerar  inadmisible que a estas alturas del siglo XXI más de la mitad de la población siga siendo agredida.

“Una característica común de los delitos motivados por el odio en  contra de las mujeres es la brutalidad con la que son  agredidas. Las víctimas de asesinato aparecen mutiladas, torturadas  y con signos de violación sexual”,  condenó, luego de reunirse con agrupaciones feministas de la entidad.

Ante este panorama, el secretario de Vinculación del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional hizo un llamado a los tres niveles de gobierno a destinar más presupuesto a los programas para erradicar esa grave problemática. “ Al menos el 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

“Mi llamado también es para el  sector privado,  las organizaciones y a la sociedad en general para crear alianzas e invertir en poner fin a la violencia, la cual afecta a dos de cada tres mujeres.

Agregó que  quienes  son agredidas por sus parejas pierden 7 por ciento en su desarrollo humano. Eso equivale a lo que hubieran progresado en ocho años.

Asimismo, alertó de la violencia sexual contra las adolescentes: más de 3 mil en edades de 12 a 17 años sufrieron una agresión de ese tipo en 2016. A cuatro de cada 10 les pasó en el hogar, la escuela o el trabajo.

“Si las niñas crecieran sabiendo que su cuerpo les pertenece, que pueden tomar decisiones, que la maternidad no es el único propósito de su vida, estarían menos vulnerables a los abusos sexuales, embarazo adolescente, trata o relaciones violentas”, advirtió.

Manifestó que la  violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos. Su impacto  es inmediato y de  largo alcance, e incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas, e incluso mortales.

“Afecta el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad, además de  los altos costos asociados, que comprenden desde un aumento en gastos de atención de salud y servicios jurídicos a pérdidas de productividad, impactan en presupuestos públicos  y representan un obstáculo al desarrollo.

Reconoció que las movilizaciones promovidas por la sociedad civil y por las mujeres han  conseguido incluir la erradicación de la violencia de género en las agendas locales y nacionales. Sin embargo, todavía existen desafíos en la aplicación de estas leyes.

Asimismo, no se hace lo suficiente para prevenir la violencia, y cuando ésta ocurre a menudo queda impune.

“Pero para que el fin de la violencia contra las mujeres y las niñas pueda hacerse realidad se requieren más leyes que las protejan a ellas  y castiguen a los perpetradores, servicios que ayuden a reconstruir las vidas de las mujeres y medidas de prevención integral de aplicación temprana”, concluyó.