Ante la situación económica que enfrenta el país y nuestro estado, la diputada Lucila Nava Piña consideró que de existir una intención seria por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto por buscar alternativas de ahorro para aminorar los efectos del incremento en combustibles, una salida puede ser la eliminación de los aguinaldos de todos los funcionarios electos constitucionalmente.
Dijo que se pronuncia en contra de reducir el sueldo de los funcionarios tanto estatales como municipales, ya que ellos son al fin de cuentas personal de confianza, y la reducción en sus percepciones podría en un momento, afectar o implicar la reducción generalizada de todos los empleados y funcionarios al servicio de instituciones públicas y que en todos los casos, reciben sueldos y prestaciones sustentadas en una ley.
Sin embargo, consideró que en el caso del Presidente de la República; 500 Diputados Federales; 128 Senadores; 1,125 Diputados locales; 2,427 Presidentes Municipales; más de 17,000 Síndicos y Regidores que reciben cada año la percepción del aguinaldo, no tienen sustento legal alguno, por lo que consideró que una de las primeras medidas de austeridad a tomar debe ser eliminar este tipo de gastos de los presupuestos institucionales.
“En efecto, el aguinaldo es una prestación consagrada en la Constitución de la República y del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, así como en las Leyes Laborales de las entidades federat-ivas; debe ser pagado a todos aquellos empleados o funcionarios públicos que tengan una relación laboral de supra subordinación, sin importar si cuentan con una base, o son empleados o funcionarios de confianza”.
Sin embargo, quienes ejercen un cargo de representación, lo hacen por disposición de ley a través de la elección popular, ejercen el carácter de autoridad y no tienen una relación de supra subordinación; es decir, “no tenemos una relación laboral con el Estado.
Hizo hincapié en que a efecto de contribuir con medidas que propicien la austeridad y el orden en el gasto público, exhorta al Presidente de la República; a los Senadores y Diputados del Congreso de la Unión; a los integrantes de las Legislaturas locales y a los integrantes de los 2 mil 427 Municipios para que lleven a cabo las modificaciones a sus presupuestos de egresos, a fin de que las partidas destinadas al pago de aguinaldo en favor de quienes ejercen un cargo de elección popular, sean reclasificadas y destinadas a obras de beneficio social.