Este sábado, en un hecho histórico, fue aprobada la inclusión en la Constitución Política de la Ciudad de México del uso terapéutico del cannabis a iniciativa de un grupo de diputados de la Asamblea Constituyente, quienes sostuvimos que es el momento de acabar con un prohibicionismo absurdo y decimonónico que sólo vulnera nuestro derecho humano a la salud. Con el voto a favor de 77 diputados, 5 votos en contra y 3 abstenciones, la Asamblea Constituyente coloca a nuestra Ciudad como la primera en todo el país en legalizar el uso medicinal de la mariguana.
En el texto constitucional, artículo 14, apartado D, numeral 7, se estableció que: “A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, indica, americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable”. Éste es un gran paso en nuestro proceso democratizador porque clarifica, en la que será nuestra norma suprema a nivel local, dos temas: de un lado, el derecho fundamental de todo ciudadano a procurarse el goce del más alto nivel de salud; y del otro, alerta contra el peligro de un Estado Clínico que se abroga el poder de instaurar incondicionadamente aquello que es bueno para nuestra salud.
Durante décadas prevaleció una visión punitiva que limitaba el uso de la mariguana a la perspectiva penal. Actualmente, el debate sobre la política hacia el cannabis reconoce que su uso se encuentra relacionado con una serie de estigmas y prejuicios, y que ésta es una de las razones que explican porqué de manera tradicional el punto de vista de la criminalización dominó la discusión pública. Se cambió tal enfoque, porque esa manera de entender la problemática impedía observar con detenimiento a las personas que están detrás del uso de la mariguana y su circunstancia frente a la ley, pero también en relación con las instituciones de salud.
La legislación federal actual supone ambigüedades para la práctica médica, ya que los profesionales de la medicina pueden ser penalizados en caso de prescribir cannabis con fines terapéuticos. Existe una contradicción legal entre el derecho de acceso a la salud de todos los ciudadanos, y la posibilidad real de obtener de forma segura y legal cannabis con fines terapéuticos, aun cuando ese tratamiento sea prescrito por un médico certificado. El estigma moral que todavía pesa sobre los usuarios es, en muchas ocasiones, un problema mucho más grave que el uso medicinal del cannabis.
Recordemos que recientemente el Senado de la República aprobó un proyecto en este mismo sentido, y que próximamente la Cámara de Diputados deberá discutirlo, por lo que también se incluyó un artículo transitorio que establece que las modificaciones entrarán en vigor cuando la ley general en la materia lo disponga. No obstante, esta conquista ciudadana representa otro aspecto destacado del derecho humano a la autodeterminación, que afirma que todo individuo tiene la facultad para el libre desarrollo de su personalidad. Con este trascendental paso se deja atrás la interesada demonización de un grave problema social.
Eutanasia
Esta semana reinicia la discusión en la Asamblea Constituyente sobre los artículos contenidos en el Título Primero de la Constitución Política de la Ciudad de México, referidos a la “Carta de Derechos”. Este apartado del que será nuestro máximo ordenamiento jurídico local establece las normas y garantías de los derechos humanos de los ciudadanos. Específicamente, en su artículo 11 plasma el derecho a la autodeterminación, afirmando que todo individuo tiene la facultad para el libre desarrollo de su personalidad. Este derecho es el más importante en la jerarquía de los derechos humanos porque representa la autonomía y la libre determinación para decidir sobre sí mismo. Se fundamenta en el respeto de la dignidad, el bienestar y el desarrollo individual. La autodeterminación es una de las variables que inciden sobre la calidad de vida y estimula que seamos protagonistas de nuestro propio ser, para elegir entre opciones diferentes y expresar libremente, y con la máxima autonomía, nuestras decisiones.
La autodeterminación proyecta la independencia y la capacidad de elección que posee cada uno de los integrantes de la sociedad. La libertad como autodeterminación establece la ausencia de condiciones y la más amplia posibilidad de elección. Es absoluta e incondicionada y, consecuentemente, no sufre limitaciones y no tiene grados. Uno de los derechos humanos que debe tener toda persona es la libertad de elegir morir con dignidad. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o –lo subrayo- cualquier otra que atente contra la dignidad humana.
Si la persona es mayor de edad y considera preferible terminar con su vida antes de una muerte derivada del deterioro de su salud por padecimientos que comprometen su calidad de vida, y por lo tanto, decide elegir libremente la opción de asistir a un proceso psicoterapéutico con personal certificado, para morir, es necesario que disponga de los apoyos médicos y hospitalarios para acceder a la eutanasia con dignidad y con el mayor bienestar posible durante esta intervención médica.
En distintos países se autoriza la eutanasia: Holanda, Bélgica, Suiza, Luxemburgo y Colombia. En Estados Unidos es legal en Washington, Oregón, Montana, Nuevo México y Vermont. Los avances de la tecnología permiten prolongar la vida de formas inimaginables hace décadas. Es necesario establecer un documento de Voluntad Anticipada para regular el actuar médico ante situaciones donde el paciente pierde la capacidad para decidir sobre las intervenciones médicas con respecto a su salud. Toda persona tiene derechos sobre su cuerpo y su vida.
No hay razón para aceptar una forma de existencia limitada, en la que también sufren familiares y amigos. La vida en determinadas condiciones, puede llegar a ser indigna. Una vida que no se puede vivir no es un privilegio, es un castigo. Por tanto, he propuesto al Pleno del Constituyente incorporar el derecho que todos tenemos para una “buena muerte” a través de la eutanasia. Seamos una Ciudad con miras al futuro garantizando constitucionalmente el derecho a la muerte digna.