El general secretario Salvador Cienfuegos ha hablado fuerte y claro. Con un tono inusual ha declarado que las Fuerzas Armadas están molestas por el papel que se les ha encomendado.
Tal posicionamiento es por demás significativo, ya que en los hechos es un enérgico reclamo generalizado, lo mismo a los tres poderes de la Unión que a los tres órdenes de gobierno.
Ya en el mismo sentido, aunque con menor vehemencia, el pasado 20 de noviembre se había pronunciado el almirante Soberón Sanz, secretario de Marina, demandando con apremio un margen jurídico que le brinde certeza a la actuación de las Fuerzas Armadas en su lucha contra el crimen organizado.
Hace diez años el entonces presidente Calderón instruyó, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, la participación del Ejercito mexicano y de la Marina en la llamada “guerra contra el narcotráfico”. De acuerdo al diario Reforma, el costo total de tal “guerra”, desde su inicio, ha representado un total de 174 mil 652 muertos, 29 mil 198 desaparecidos y un monto de un billón 829 millones de pesos. Por supuesto que las cifras contrastan, según la fuente, y se prestan para sacar raja política, lo cierto es que a la sociedad mexicana nadie le ha dado una explicación al respecto.
El involucramiento de la institución castrense en el combate a las drogas está apenas, jurídicamente hablando, agarrado con alfileres.
La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establece en su artículo primero que su misión es, entre otras, “defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación y garantizar la seguridad interior”.
Es decir, se habla de seguridad interior, no de seguridad pública. Por ende, las labores de investigación, persecución, aprehensión y enfrentamiento contra presuntos narcotraficantes corresponderían al Ministerio Público y a la policía ministerial, no a los militares. Es en este sentido que urge una Ley de Seguridad Interior que precise los términos en que debe actuar el instituto armado, en tiempos de paz, ante el crimen organizado.
No obstante lo anterior, habría que tener claro que un nuevo marco legal en la materia de ninguna manera garantizaría poner fin a los abusos o violaciones a los derechos humanos por parte de efectivos militares. Los soldados son capacitados para responder a agresiones y, en este caso, son atacados por sanguinarios criminales con sofisticado armamento.
En la lógica militar, las guerras, generan efectos indeseados, war casualties. Por supuesto que esto no justifica excesos en sus actuaciones, ni el uso de la tortura; en realidad es una situación muy compleja e imprecisa.
Como ya se ha dicho en este espacio, la posición del Ejército mexicano es muy comprometedora. Tal vez la repuesta que muchos quisieran escuchar es que los militares vuelvan a los cuarteles y dejen de patrullar las calles, labor que ciertamente no es la suya.
Sin embargo, esto no puede ocurrir en el corto plazo, ni siquiera en el mediano, ya que el crimen organizado operaría a sus anchas en muchas zonas del país, sencillamente porque las autoridades civiles no han hecho bien su tarea.
Cuando Felipe Calderón, al arranque de 2007, volteó a ver los militares, es porque había muchas evidencias de que los cuerpos policiacos civiles estaban permeados por la corrupción de los cárteles de la droga.
Al pasar de los años se sabría que incluso algunos gobernadores habrían sido claves para que se consumara tal atraco.
Un nuevo marco legal no cambiará en gran medida las cosas, los gobernadores no han tenido la voluntad política, salvo algunas honrosas excepciones, para profesionalizar a sus cuerpos policiacos. Causas pueden ser muchas, desde la omisión, hasta la corrupción, pasando por el chantaje a la Federación de mayores recursos para garantizar la seguridad de sus gobernados.
Por lo visto, van a pasar años para que los militares vuelvan a sus cuarteles, sobre este tema viene un fuerte debate.
