En 2014, el jefe de gobierno de la ahora Ciudad de México comenzó un debate público sobre la pertinencia de aumentar el valor del salario mínimo. En enero de 2016, este debate tuvo un gran avance con la publicación y entrada en vigor del decreto que aprobó la desindexación del salario mínimo y que creó la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
El actual salario mínimo, 73.04 pesos, es menor en 3.1 por ciento al que prevalecía en el año 2000 (75.4 pesos de 2016), y considerando lo que representa en ingreso mensual, es decir, 2,191.2 pesos, es inferior a la línea de bienestar mínima calculada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) que a octubre de 2016 representa 2,717.81 pesos. Esta línea divide la población pobre de la que no lo es y en 2014 se encontraban debajo de ella 55.3 millones de personas.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), de acuerdo a lo expresado en la Ley Federal el Trabajo, debe en el mes de diciembre definir el salario mínimo que será aplicable a toda la república mexicana durante 2017, y que debería reflejar la satisfacción de necesidades materiales, sociales y culturales de una familia. Por ello, en estos últimos días se ha reavivado la discusión y en la semana pasada el director de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se pronunció por que el salario para 2017 sea de 89.35 pesos, 22.33% de aumento, mientras que otros organismos de representación empresarial han declarado en contra de esta medida.
La Conasami, para tomar una decisión, debe considerar aquellos estudios que hayan sido presentados por trabajadores y patrones hasta el 31 de noviembre y un informe final de la Dirección Técnica de la propia Conasami. Este informe fue entregado el 8 de noviembre y, en él, no hay resultados negativos contundentes respecto a los impactos que tendría un aumento del salario mínimo en la productividad, en el empleo formal e informal o inclusive la rentabilidad de las empresas.
Uno de los temores más grandes, tanto de diversos grupos empresariales como del Banco de México, es el incremento a la inflación por el efecto “faro” que podría tener el crecimiento del salario mínimo en las revisiones salariales de otros trabajadores y, con ello, la subida en los costos laborales para las empresas. Banxico dice que un incremento del salario mínimo real de 1 por ciento ocasiona un aumento de 0.85 en los salarios de los trabajadores formales de la economía. Sin embargo, lo que no se considera en el estudio es que los aumentos al salario mínimo en los últimos años estuvieron siempre supeditados a la inflación. De ahí que suponer que los salarios en el sector formal estarán sujetos al crecimiento del salario mínimo y no de la inflación resulta exagerado.
Ante el difícil entorno exterior que enfrenta México, mirar hacia el mercado interno, con políticas que fortalezcan el ingreso de nuestros trabajadores más pobres —7.8 millones de ocupados recibe menos de un salario mínimo como pago por su trabajo— tendrían un impacto positivo en el consumo y en las perspectivas de inversión para las empresas. Hoy en día, la desigualdad y la pobreza son un recordatorio constante de la política económica que no ha podido generar crecimiento económico. Por ello, es hora de eliminar las políticas de contención del salario mínimo, y ojalá la Conasami no haga oídos sordos al reclamo que incluye, incluso, a parte del sector empresarial.
De contribuciones no pagadas y fiscalización
El pasado miércoles, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un acuerdo para regularizar los adeudos de contribuciones no enteradas de los partidos políticos en México. En la sesión se trajo a colación el monto que a nivel nacional se adeuda por conceptos como el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, las contribuciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) – tanto del obrero como de los partidos como patrones- y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que en total suman 626.3 millones de pesos.
Esta cifra ha indignado a muchas personas, y con mucha razón. Los partidos gozan de un régimen impositivo que no graba sus ingresos, sin embargo, como empleadores deben retener de sus trabajadores tanto ISR como IVA, para después remitir dichos impuestos al Servicio de Administración Tributario (SAT), o pagar impuestos locales de los bienes inmuebles que posee, de ahí los montos que el INE hizo públicos.
Los partidos políticos nacionales no han enterado 393.8 millones correspondiente a la contabilidad federal, mientras que únicamente 232.5 millones de la contabilidad local. Del total, 484 millones corresponden a ISR, 51.6 millones a IVA, 52 millones a otros impuestos como el predial y similares en el ámbito local, 27.4 millones de contribuciones al IMSS y 11.3 al Infonavit. Este descubrimiento está relacionado con el análisis de las cuentas anuales 2015 que actualmente lleva a cabo el INE. Hasta 2014, los partidos políticos en las entidades federativas se rigieron por la legislación local en materia de fiscalización, por lo que las reglas de la contabilidad, siguieron los estándares de cada entidad.
Aunque las leyes derivadas de la reforma que creó al INE fueron aprobadas en mayo de 2014, el Consejo General decidió que la fiscalización de los partidos en las entidades federativas siguiera siendo competencia de los Organismos Públicos Locales para el año 2014 y se realizara con sustento en las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes al momento de su ejercicio, es decir, parte de los adeudos corresponde a la auditoría que se llevaba a cabo en el nivel local.
De esta forma, la revisión de los informes anuales 2015 es la primera vez que el INE se encarga de analizar lo reportado por los partidos en el nivel local.
La fiscalización del INE es mucho más rigurosa que la que existió en las entidades hasta el año pasado. En las campañas de 2016, por ejemplo, se sancionaron conductas irregulares de los partidos a nivel local por más de 417 millones de pesos, mientras que las multas impuestas en los procesos electorales similares auditados por los entonces institutos locales ascendieron a solo 4 millones de pesos.
Desde 2014, el INE ha aprobado en la fiscalización de dos procesos electorales y el informe anual a nivel federal de 2014, sanciones por alrededor de 700 millones de pesos, in porcentaje importante del financiamiento público que reciben los institutos políticos. Estamos ante un instituto que no pretende ocultar las faltas que cometen los partidos o sus candidatos,
Las dirigencias de los partidos deben enfrentar a esta nueva fiscalización con la profesionalización de sus estructuras y ante todo con transparencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía. De otra forma, su principal fuente de recursos se seguirá viendo mermada ante el incumplimiento de una normatividad mucho más exigente y una autoridad fiscalizadora a la que no le tiembla la mano para hacer cumplir sus atribuciones.
