Portar armas no es la solución para dirimir las diferencias, pe-se al clima de inseguridad que se está viviendo, ya que esto sumaría a una escalada de violencia, señaló el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jorge Vega Arroyo.
Lo anterior, después de que el diputado priísta José Luis Romero Calzada propuso una reforma constitucional local para otorgar a los habitantes de San Luis Potosí “el derecho a portar armas y poseerlas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa”.
Vega Arroyo manifestó que desde la perspectiva de los derechos humanos se considera que eso se sumaría a una escalada de violencia, puesto que habría más espacios de justicia por propia mano y no es a la sociedad a la que se está aspirando.
“Se generaría una cultura de la ley del más fuerte, una ley inexistente, pero en realidad seria otro tipo de orden, y si sería una cuestión muy grave, porque si bien es cierto pudiera abrirse un espacio para otro tipo de armas no reguladas, pero al final de cuentas es un derecho que prevé la constitución federal y no es un tema que deba discutir el congreso local sino que esto debe de darse en un espacio del Congreso de la Unión”, dijo.
El presidente de la CEDH dijo que si este tipo de iniciativas sigue adelante se deben consultar la opinión de la ciudadanía y hacer estudios, para determinar si es necesario que proceda o se debe desechar.
“Nosotros insistimos que la autoridad debe de cumplir con su deber, con los reclamos sociales, y solucionar la problemática de los lugares donde se hace justicia por su propia mano. Esta circunstancia está muy señalada en la constitución de que nadie puede hacerse justicia por propia mano y es una exigencia para la autoridad que ellos asumir esa responsabilidad y no permitir estos espacios”, finalizó.
